Un tribunal de Bangladesh condenó este jueves a 8 años de cárcel a un oficial de policía de alto rango por interrogar y grabar ilegalmente a una joven de 19 años, que posteriormente fue quemada viva por haber presentado una denuncia de acoso sexual contra el director de su centro escolar.
El exoficial a cargo de la comisaría de policía de Sonogazi, en el distrito oriental de Feni, Moazzam Hossain, “fue declarado culpable de dos cargos: grabar en video la declaración de alguien sin permiso y, causar difamación. El tribunal lo sentenció a cinco y tres años de cárcel por cada uno de ellos”, explicó el fiscal Nazrul Islam.
El condenado fue arrestado el pasado mayo tras hacerse viral un video en el que interrogaba a la estudiante Nusrat Jahan Rafi en ausencia de su abogado u otra mujer y usaba un lenguaje inapropiado.
Nusrat fue rociada el 6 de abril con kerosene y prendida fuego tras negarse a retirar la denuncia que había interpuesto por acoso sexual contra Siraj Ud Doula, el director del seminario islámico en el que estudiaba.
La joven murió cuatro días después en un hospital de Dacca con quemaduras que cubrían el 80 % de su cuerpo.
La sentencia contra el agente, dictada por el juez del Tribunal Cibernético de Dacca, As-Shams Jaglul Hossain, es la primera realizada en el país asiático en virtud de la controvertida ley de Seguridad Digital.
El fiscal Islam aseguró que el policía “cumplirá la sentencia una detrás de la otra” y que “el tribunal le absolvió de una tercera acusación por alterar la ley y el orden a través de su acción”.
Además, el agente fue condenado a pagar un millón de takas (unos 10.700 euros) a la familia de la víctima.
“A no ser que pague, tendrá que pasar seis meses adicionales en la cárcel”, advirtió el fiscal, quien indicó que el condenado puede apelar contra su sentencia en una instancia superior.
El asesinato de Nusrat provocó una gran conmoción en el país y originó protestas por todo el territorio que llevaron a la primera ministra, Sheikh Hasina, a comprometerse a llevar a los responsables ante la justicia.
El 24 de octubre, el Tribunal de Prevención de la Represión de Mujeres y Niños del distrito de Feni condenó a muerte a 16 personas por el asesinato, entre ellos Siraj Ud Doula.
Días después del crimen y tras hacerse viral el video del interrogatorio fue el abogado del Tribunal Supremo Sayedul Haque el que presentó una denuncia contra el oficial de policía.
A Moazzam Hossain primero lo retiraron del puesto, luego el 10 de mayo fue suspendido y finalmente, el 27 de ese mes, lo arrestaron.
Dos meses más tarde, el único Tribunal Cibernético del país, le envió a prisión preventiva tras rechazar su solicitud de libertad bajo fianza.
Tras el veredicto de este jueves, el abogado Haque expresó su satisfacción a los medios e indicó que “muchos piensan que la policía o las personas poderosas no pueden ser juzgadas. Solo quería que se enfrentara al juicio, este es mi mayor éxito”.
La ley bajo la que fue condenado fue aprobada en el Parlamento en septiembre de 2018 y penaliza, entre otras cosas, la “propaganda negativa” contra la Guerra de Liberación de Bangladesh en la que consiguió la independencia de Pakistán, o contra el expresidente Sheikh Mujibur Rahman, padre de la primera ministra.
Periodistas y editores criticaron la norma alegando que limitaría la libertad de expresión, en tanto que embajadores como los de la Unión Europea (UE) en Bangladesh expresaron su preocupación.
Fuente: EFE