La polémica generada a raíz de la invitación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su posterior retiro de la misiva para la Cumbre de las Américas, a realizarse en Perú durante el mes de abril, ha generado diversas dudas sobre lo que el Estado puede (o no) hacer en casos como este.
Jean Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, explicó a El Comercio que "es una decisión exclusiva del país organizador de cada cumbre" invitar a los mandatarios.
Al ser Perú el país organizador de la presente cumbre, compete al Estado, a través de la Cancillería, analizar esta decisión.
CRONOLOGÍA DE UN INVITADO NO BIENVENIDO
En noviembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski envió a su similar venezolano la invitación respectiva para la citada reunión multilateral.
Sin embargo, tres meses después —exactamente el 15 de febrero— dicha misiva fue retirada invocando la Declaración de Quebec, luego de considerarse que la convocatoria a las elecciones presidenciales en Venezuela para el 22 de abril altera el orden democrático.
A pesar de ello, Nicolás Maduro ha sido claro en anunciar que acudirá de todas maneras a la Cumbre de las Américas.
ACLARANDO ALGUNAS IMPRECISIONES
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, indicó en su momento que tanto la invitación como el retiro de la misma se realizaron dentro del marco legal de la OEA.
Arrighi detalló que las cumbres de las Américas "no son un órgano de la OEA" y que por tal motivo "no se regulan por las normas" de dicho organismo.
En tal sentido aclaró que lo citado por la premier pudo ser un "error de información o una confusión".