Las procesiones religiosas del Viernes Santo en la capital de Nicaragua adquirieron un tono político, ya que fueron aprovechadas por algunos para manifestarse contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Mientras cientos de fieles caminaban en la tradicional procesión del Viacrucis hasta la catedral de la ciudad, docenas de manifestantes gritaban “justicia” y cargaban cruces de madera con los nombres de quienes fallecieron durante las movilizaciones del año pasado. Ondeaban la bandera nicaragüense, que se ha convertido en un símbolo de la oposición.
Cuando la protesta continuó afuera de la catedral, policías antimotines se movilizaron para dispersarla con granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. Algunos manifestantes jóvenes arrojaron piedras e intentaron guarecerse entre los fieles tras las puertas de la catedral. La policía rodeó el lugar.
José Pallais, miembro del grupo opositor Alianza Cívica que ha participado en un diálogo con el gobierno, dijo que el nuncio apostólico Waldemar Sommertag estaba mediando entre las autoridades y la oposición para que los manifestantes pudieran salir a salvo de la catedral.
Posteriormente algunos inconformes salieron de la catedral, pero ya avanzada la tarde la policía seguía afuera del lugar y unos 100 manifestantes continuaban en el interior, temerosos de salir, señaló Pallais. Dijo que había oído de dos lesionados, incluida una mujer joven lastimada por una lata de gas lacrimógeno.
En un comunicado, la Policía Nacional indicó que no tenía conocimiento de que hubiera heridos y que no había arrestado a nadie. Dijo que manifestantes enmascarados armados con piedras, morteros caseros y algunos que traían armas se infiltraron en la procesión y luego se ocultaron en los terrenos de la catedral.
El miércoles, un gran número de policías frustraron una marcha de la oposición con la que se pretendía conmemorar el aniversario de las protestas. Las manifestaciones públicas quedaron prohibidas desde el año pasado.
El viernes se cumplió el aniversario de los primeros tres fallecimientos después de que el gobierno y partidarios suyos armados se movilizaron para aplastar las manifestaciones en 2018.
Por lo menos 325 personas han muerto en las protestas y por la represión del gobierno, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las movilizaciones comenzaron contra los recortes a la seguridad social y se utilizaron después para exigir la renuncia de Ortega.
El mandatario sostiene que las manifestaciones del año pasado fueron un intento de golpe de Estado orquestado por fuerzas extranjeras. Sin embargo, los observadores internacionales no han hallado evidencia de una conspiración para derrocar al exrevolucionario que encabezó el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en 1979.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció esta semana nuevas sanciones contra Nicaragua; políticos europeos exhortaron a la Unión Europea (UE) a que también impusiera las suyas, y Canadá confirmó que había recortado casi 20 millones de dólares en ayuda directa al gobierno de Ortega.
James K. Hill, embajador canadiense ante Nicaragua, Costa Rica y Honduras, le dijo a la agencia AP esta semana que la represión de las autoridades nicaragüenses había derivado en la suspensión del apoyo financiero.
“Canadá está preocupado por la situación de los derechos humanos y considera inaceptables las acciones represivas del gobierno”, afirmó Hill en una respuesta escrita a AP.
El gobierno suele utilizar esa asistencia extranjera directa para su presupuesto general. Canadá suspendió el apoyo en agosto, pero el gobierno sólo lo confirmó hasta después de un reporte noticioso publicado esta semana.
Hill dijo que la entrega de la ayuda está sujeta a condiciones, y el trato no se renovará “hasta que haya evidencia satisfactoria de una mejora con respecto al estado de los derechos humanos en Nicaragua, que sea reportada por fuentes independientes”.
Canadá continúa proporcionando ayuda para el desarrollo a Nicaragua un promedio de unos US$ 15 millones anuales a través de organizaciones internacionales y no gubernamentales.
Fuente: AP