El presidente salvadoreño Nayib Bukele pronuncia su discurso anual a la nación marcando su segundo año en el cargo en la Asamblea Legislativa en San Salvador el 1 de junio de 2021. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP)
El presidente salvadoreño Nayib Bukele pronuncia su discurso anual a la nación marcando su segundo año en el cargo en la Asamblea Legislativa en San Salvador el 1 de junio de 2021. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se ha declarado en guerra contra las pandillas, ordenó destruir las lápidas de los pandilleros para evitar que sean exaltados.

“Destruir a las pandillas que estaban tan enraizadas en la sociedad salvadoreña, no es un trabajo fácil; de hecho, siempre se creyó que era imposible. Lograrlo requiere de muchas acciones simultáneas. Una de ellas es destruir sus símbolos, su sentido de pertenencia, su memoria”, dijo el mandatario en Twitter.

Bukele agregó que los encargados de destruir las lápidas son otros prisioneros para “resarcir un poco el daño que le hicieron a la sociedad”.

Megacárceles

El gobierno de Bukele además anunció que los delincuentes más peligrosos serán sometidos al “más severo” encierro en un gigantesco centro penitenciario para 40.000 personas que se construye en el país.

En el Centro de Confinamiento del Terrorismo, como se ha denominado, estarán encerrados “los mayores terroristas, gatilleros (pandilleros sicarios), palabreros (pandilleros jefes de células), colaboradores”, aseguró en su cuenta de Twitter el viceministro de Justicia, Osiris Luna.

La enorme prisión está siendo levantada en Tecoluca, en el centro de El Salvador.

El Congreso, a pedido de Bukele, declaró en marzo pasado un régimen de excepción para combatir a la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, las dos pandillas más poderosas del país y responsables de alarmantes cifras de asesinatos.

Además de permitir detenciones sin orden judicial, el régimen de excepción suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de tres a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.

Desde que está en vigor, la policía y el ejército han detenido a 56.716 presuntos pandilleros en el marco de esa “guerra”, según cifras brindadas por el ministerio de la Defensa.

Con información de AFP

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