El presidente Javier Milei bloqueó por segunda vez una ley que buscaba mejorar los haberes mínimos de jubilados y ampliar la cobertura a personas con discapacidad. La medida, enmarcada en su plan de equilibrio fiscal, desató nuevas protestas en todo el país.
¡Remontada! Perú venció 3-2 a Cuba en la Copa Panamericana de Vóley
El presidente argentino Javier Milei vetó la ley aprobada por mayoría en el Congreso en julio pasado que otorgaba un aumento a las jubilaciones y pensiones por discapacidad. Según el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el mandatario argumentó que la norma “atentaba contra el equilibrio fiscal”.
La decisión también anuló la restauración por dos años de la moratoria previsional que permitía jubilarse a quienes no contaban con 30 años de aportes en un país donde más del 40% de la fuerza laboral es informal. Para que la norma prospere pese al veto, el Congreso deberá reunir dos tercios de los votos en ambas Cámaras.
Un veto con fuerte impacto social
Es la segunda vez que Milei veta un aumento a los jubilados —la anterior fue en agosto de 2024—. De acuerdo con estudios privados, los adultos mayores son el sector más golpeado por el ajuste: perciben haberes que apenas cubren un tercio de la canasta básica del adulto mayor.
Más del 70% de los jubilados cobra la pensión mínima, equivalente a unos 275 dólares mensuales, lo que los coloca por debajo de la línea de pobreza. El proyecto vetado incluía un incremento del 7,2% en las jubilaciones y un bono mensual adicional de 40.000 pesos (unos 30 dólares).
También afecta a la población con discapacidad
Milei vetó además la ley que declaraba la emergencia en la atención de personas con discapacidad, que buscaba regularizar pagos atrasados de prestaciones de salud y garantizar su continuidad hasta 2027. La norma restablecía el cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado, eliminado por la actual administración.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado que la medida tendría un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Sin embargo, el Gobierno estimó que implicaría un gasto adicional de más de 7 billones de pesos este año (unos USD 5 millones) y 17 billones de pesos (USD 12 millones) en 2026.
Ajuste fiscal y protestas
El Ejecutivo defendió la medida calificando las leyes vetadas de “irresponsables” porque “no determinan el origen de los fondos”. Los vetos se suman al reciente decreto que redujo impuestos a las exportaciones de granos y carnes, y al recorte de fondos para universidades, que aún operan con el presupuesto de 2023 pese a la inflación del 211% registrada ese año y del 117,8% en 2024.
Las decisiones de ajuste encendieron protestas masivas en varias ciudades del país. Las manifestaciones, protagonizadas por jubilados, universitarios y colectivos de personas con discapacidad, fueron reprimidas por la policía, dejando un saldo de heridos y múltiples detenciones.
