Luis Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, fue condenado la semana pasada por tres jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en Porto Alegre, por corrupción y lavado de dinero en el caso que se enmarca en la Operación Lava Jato.
Con el fin de que no sea encarcelado, la defensa del ex mandatario presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); sin embargo, este recurso fue negado por el ministro Humberto Martins, quien es también vicepresidente del TSJ y responsable de las decisiones urgentes.
Él se encargó de argumentar que “el hábeas corpus preventivo tiene cabida cuando, de hecho, hay amenaza a la libertad de locomoción, es decir, siempre que sea fundado el temor de que el cliente sea preso ilegalmente. Y tal temor habría de resultar de una amenaza concreta de inminente arresto".
Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, niega las irregularidades por las que se le acusa y por ello sus abogados aseguran que es víctima de una persecución política que busca impedir que participe en las elecciones de su país en octubre próximo, pues de mantenerse su condena, estaría 12 años y un mes en prisión.