La reciente orden de prisión preventiva y reclusión de Ollanta Humala ha llevado al Perú a darse cuenta de que los últimos ex presidentes se caracterizan por un mismo destino: afrontar procesos ante el Poder Judicial. Contamos con dos ex presidentes tras las rejas, uno investigado por la Fiscalía y otro todavía prófugo en otro país.
Esta es una lamentable e indignante realidad que no se distancia mucho de lo que ocurre actualmente en Brasil, en donde los últimos dos ex mandatarios y el actual jefe de Estado también se encuentran en la mira de la Justicia.
Luiz Inácio Lula da Silva, quien era considerado años atrás como un referente importante de la izquierda latinoamericana, será recordado por la historia del Brasil como el primer ex presidente condenado a prisión. El juez federal Sergio Moro, autor de importantes sentencias en el marco del caso Petrobras, sentenció a Lula a nueve años y medio por corrupción y lavado de dinero y le prohibió ejercer cargos públicos por 19 años. Una decisión judicial que daña las aspiraciones políticas del favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2018, según explica el analista Sebastiao Mendonca.
"Lo perjudica porque el proceso contra Lula no es visto como un juicio que ha sido politizado. Le será difícil presentarse como una persona honesta en los comicios, lo cual era importante en su discurso. Luiz Inácio Lula da Silva se dirige a una campaña con heridas que nunca tuvo antes", explicó el analista a Perú21.
Mendonca agregó que la condena podría beneficiar a un sector de la derecha conservadora de Brasil, así como a Marina Silva del Partido Socialista Brasileño, quien se ubica como segunda favorita en los sondeos.
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Pero no es el único proceso judicial en el que está involucrado Lula. El ex presidente es también investigado por otros cuatro casos. El primero es por el financiamiento de la constructora Odebrecht, involucrada en el caso de corrupción de Petrobras, para la compra de un terreno en Sao Paulo en donde sería construido el Instituto Lula.
El segundo es por acusaciones de lavado de dinero y tráfico de influencias en el gobierno de Dilma Rousseff por la compra de aviones de combate suecos Gripen por 5,000 millones de dólares.
El tercero versa por acusaciones de obstrucción de la justicia por la presunta compra de silencio de un ex directivo de Petrobras involucrado en el caso de corrupción de la estatal.
Y el cuarto es por acusaciones por tráfico de influencias, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva por favorecer la liberación de recursos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para que Odebrecht pueda realizar obras públicas en Angola.
Dilma Rousseff, quien fue destituida de la presidencia en 2016 por infringir las normas fiscales y por tergiversar el déficit presupuestal, es investigada por presunta obstrucción de la Justicia por haber designado a Lula, considerado su "padrino político", como ministro de la Casa Civil para otorgarle inmunidad.
La Fiscalía sostiene que la medida tenía como fin evitar que el ex mandatario fuera detenido por las autoridades por sus presuntos vínculos en el caso Petrobras.
Michel Temer, quien fue vicepresidente de Rousseff y asumió la jefatura del Palacio de Planalto tras su destitución, afronta dos acusaciones que lo podrían llevar a que sea separado del poder. El primero versa sobre la presunta comisión del delito de corrupción pasiva por haber recibido sobornos desde 2010 de la empresa de carnes JBS. La admisibilidad del juicio y su suspensión del cargo por 180 días se decidirá por el voto en el pleno de la Cámara Baja.
"La suerte de Temer depende de lo que se vote en el Legislativo. Pero para que ello ocurra, se deben romper las alianzas políticas que ha alcanzado el mandatario", explica Mendonca.
Por otro lado, el presidente también es investigado por obstaculizar la operación Lava Jato a través del dictado de medidas legislativas y el control del nombramiento de comisarios de policía que conducían estas indagaciones.
En suma, esta situación agrava la crisis política iniciada tras revelarse la red de corrupción en Petrobras y el malestar de los brasileños, quienes pierden cada vez más la confianza en sus gobernantes.
"Esto, sin embargo, no se refleja como una manifestación política porque lo promovería el Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff. Y la gente no los quiere apoyar (por las diversas investigaciones en su contra). Existe un molestar sordo en el país y no hay forma de canalizar esto políticamente. Esto implica también un desgaste de la confianza a las instituciones de la República, lo cual es muy preocupante", explica Mendonca.
Mientras las investigaciones y juicios continúan, la desconfianza hacia políticos es un elemento que comparten los ciudadanos de Brasil, Perú y de otros países de la región. Un hecho que fue agravado por la corrupción y que debe ser solucionado combatiéndola. Solo así se volverá a confiar en las instituciones y representantes que hoy se cuestionan.
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