Frente a la pandemia de COVID-19, decidió enviar a unos 15 mil médicos a más de 20 países para colaborar en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, las condiciones que deben cumplir estos profesionales durante sus misiones han sido denunciadas por la organización Human Rights Watch (HRW) en su último reporte.

En él, HRW reveló las condiciones a las que se someten los profesionales, como la prohibición de entablar “amistad” con personas que tengan “opiniones hostiles o contrarias a las de la revolución cubana” o “abandonar” su trabajo, en caso de incumplirlas están llanos a recibir sanciones disciplinarias.

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Las medidas están especificadas en la resolución 168 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, donde también están impedidos de relacionarse con ciudadanos cubanos disidentes y personas que tengan “posiciones hostiles o contrarias a la Revolución cubana” o que sean “promotores de un modo de vida contrario a los principios que deben caracterizar a un colaborador cubano en el exterior”, reportar “sus relaciones amorosas” y si viven con personas “no autorizadas”.

Otras infracciones son:

  • Frecuentar lugares que dañen el prestigio del médico en el concepto público.
  • Concurrir a lugares que, dadas sus características, resulten proclives a alteraciones del orden público.
  • Participar en actos públicos de carácter político o social sin autorización previa
  • Declarar a los medios de comunicación sobre situaciones internas del centro de trabajo o que comprometan la colaboración cubana sin haber sido previamente instruidos y autorizados.
  • Difundir o propagar criterios o rumores que vayan en detrimento de la moral o el prestigio del colectivo o de algún integrante de este.

Las sanciones disciplinarias a las que se exponen quienes incumplan estos lineamientos van desde la retención de salarios hasta la expulsión de la misión y el regreso a Cuba.

Además, en caso de abandonar la misión, el profesional de la salud puede ser objeto de procesos penales y penas de hasta ocho años de cárcel.

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El derecho migratorio de Cuba prohíbe el ingreso de quienes hayan sido declarados “indeseables” o hayan “organizado, estimulado, realizado o participado en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano”.

La disposición viola el derecho consagrado en el derecho internacional a ingresar al país propio y se aplica a “toda persona”, incluidos ciudadanos cubanos, afirma HRW.

“Los gobiernos interesados en recibir la asistencia de médicos cubanos deben exigirle al gobierno de Cuba que reforme su orwelliano sistema, que regula con quiénes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental”, señala José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Esta problemática ya había sido en noviembre del 2019 por las Relatoras Especiales de la ONU que calificaron las condiciones laborales de las misiones médicas cubanas como potenciales “trabajos forzosos”, reportando “exceso de horas trabajadas”, limitaciones en cuanto a vacaciones y salarios, amenazas de autoridades cubanas y restricciones a los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.

El régimen cubano respondió a estos señalamientos negándolos e indicó que las relatorías habían sido “utilizadas para fomentar espurias campañas promovidas por el gobierno de Estados Unidos”.

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