Un tribunal de casación de Argentina ratificó este jueves que Cristina Fernández será procesada por asociación ilícita, en una causa en la que se investiga si en su Gobierno se favoreció con la concesión de obra púbica al empresario Lázaro Báez, cercano a ella y a su difunto esposo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación también confirmó el embargo de sus bienes por un monto que asciende a 10,000 millones de pesos (unos US$570 millones). De esta forma queda habilitada la vía para la realización del juicio oral y público contra Cristina Fernández.
Asimismo, se estableció que, además de Cristina Fernández, también deberán comparecer ante la justicia el ex ministro de Planificación, Julio de Vido y el ex ministro de Obras Públicas, José López. Ambos están detenidos por casos de corrupción relacionados.
El magistrado federal Julián Ercolini, quien procesó el año pasado a Fernández, consideró que "se encuentra acreditado" que la ex mandataria y el resto de imputados integraron una asociación "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial", en principio, en la provincia de Santa Cruz.
Ercolini acusó a Fernández de ser "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública".