El juez federal de San Diego, Dana Sabraw, dictaminó el martes que , gobernado por , ya no puede separar a los padres y niños inmigrantes y obliga al Gobierno a reunir a todas las familias antes de 30 días.

La decisión, solicitada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), también ordena facilitar la comunicación telefónica entre las familias separadas en un plazo de 10 días.

Más de 2.300 niños inmigrantes fueron separados de sus padres después de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó una política de "cero tolerancia" a principios de mayo.

La polémica medida que más daño ha hecho a la Administración de Trump hasta ahora, busca enjuiciar a todos los adultos que crucen la frontera ilegalmente, incluidos aquellos que viajen con menores.

"Los actos presentados ante la Corte muestran una forma de gobernar reactiva, que da respuesta a una circunstancia caótica creada por el propio Gobierno", dijo el juez federal. 

Con información de Reuters.