Más de 200 ciudadanos japoneses, entre ellos cristianos y monjes budistas, denunciaron este lunes al gobierno de Japón por prever utilizar dinero público en la organización de las ceremonias de entronización del nuevo emperador, previstas para el año que viene.
Unas 240 persones presentaron una denuncia colectiva en el Tribunal de Tokio, con el argumento de que utilizar dinero público para financiar ceremonias religiosas viola la separación entre la religión y el Estado establecida por la Constitución de Japón.
El príncipe heredero Naruhito accederá al trono el 1 de mayo, el día siguiente de la abdicación de su padre, el emperador Akihito.
Los denunciantes quieren que se suspenda el uso de fondos públicos para las ceremonias, como la de Daijosai, prevista para noviembre de 2019, explicó Koichi Shin, uno de los implicados en el reclamo.
Aún no se ha comunicado la cifra exacta de dinero público que se destinará a las ceremonias de la sucesión imperial, pero el ejecutivo indicó que ésta resultará similar a la utilizada en el pasado.
En 1990, la ceremonia de entronización de Akihito costó 12.300 millones de yenes (cerca de 109 millones de dólares), recuerda Shin.
Esta denuncia es presentada después de las inesperadas declaraciones, la semana pasada, del príncipe Akishino, hermano del príncipe heredero, en las que criticó que se financiara a través de fondos públicos los ritos religiosos para la entronización de su hermano.
"Me pregunto si es correcto financiar una cosa tan religiosa con dinero público", declaró Akishino, quien añadió que expresó sus dudas al jefe de la Agencia de la casa imperial pero que este no las escuchó.
Un abogado de los denunciantes también afirmó, bajo anonimato, que esta denuncia representa "también una oportunidad para preguntarse sobre la relación entre el emperador y el pueblo japonés".
Una denuncia de este tipo ya había sido presentada en el momento en que Akihito sucedió a su padre Hirohito, fallecido en 1989. Pero todos los recursos judiciales fueron rechazados, aunque un tribunal de apelación reconoció que podía haber dudas sobre la constitucionalidad de utilizar dinero público en actos puramente religiosos.
Fuente: AFP