El gobierno de España activará este sábado medidas legales para intervenir Cataluña

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, anunció que continuará adelante con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad y el orden en Cataluña.

La medida se da luego de constatar "la negativa del presidente de Cataluña Carles Puigdemont" de informar si se declaró o no la independencia de Cataluña en una confusa reunión del Parlamento catalán y por no restituir el orden constitucional alterado.

Puigdemont, por su parte, en respuesta afirmó que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".

Para avanzar los trámites de intervención en la administración catalana, Rajoy anunció que este sábado 21 hará un Consejo de Ministros extraordinario para "aprobar medidas" con el fin de proteger el interés de los ciudadanos de Cataluña y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma.

"El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña".

Ante ello diputados de la coalición Junts pel Sí, el presidente Puigdemont, y de la CUP, se reúnen para decidir qué hacer ante la crisis.

Sobre el artículo 155

El artículo 155  "establece que si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales que enviará al Senado para su aprobación y que pase a ser efectivo". 

El Gabinete español lo aprobará el sábado y la próxima semana se dará aplicarán las medidas legales.

¿Independencia de Cataluña?

Un grupo de 72 parlamentarios firmó un documento que declaró la independencia de Cataluña, en el que el "sí" logró la victoria con un 90% de los votos y en el que participaron 2,3 millones de personas (un 43% del censo).

La proclamación fue declarada ilegal por el gobierno Español.