El Parlamento brasileño garantizó a la OEA que el juicio político contra Dilma Rousseff se ajusta cabalmente a la Constitución, bajo supervisión de la Corte Suprema. Además, ratificó que su fase final empezará mañana.
Las garantías sobre la constitucionalidad del proceso constan en documentos remitidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual el Partido de los Trabajadores (PT) ha denunciado el proceso como un intento de "golpe de Estado".
El partido de Rousseff, suspendida de sus funciones desde mayo pasado para responder a un juicio político, ha pedido a la CIDH que ordene suspender el proceso mediante una medida cautelar, por lo que ese organismo pidió explicaciones sobre el trámite.
En tanto, las autoridades volvieron a instalar una valla de más de un kilómetro frente al Senado, que separará a los manifestantes que puedan concentrarse durante la etapa final del juicio político.