Fiscal general de Venezuela exige pedido de protección a la CIDH

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz , continúa pidiendo protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esta oportunidad volvió a insistir por protección ya que, aseguró, que en su despacho podría repetirse un ataque como el ocurrido a comienzos de mes, cuando unos 200 presuntos simpatizantes del gobierno tomaron por la fuerza la Asamblea Nacional y atacaron con tubos y objetos contundentes a congresistas y empleados.

"Ello puede perfectamente ocurrir de la misma manera en las sedes del Ministerio Público, que es catalogada políticamente por el oficialismo de manera similar a la Asamblea Nacional", argumentó Ortega Díaz .

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En un documento de 24 páginas, la funcionaria actualizó el 15 de julio su solicitud del mes pasado para que la CIDH le extienda protección a ella, su familia y sus subalternos alegando que el vicepresidente Tareck El Aissami y otros funcionarios del partido oficialista la han intimidado y amenazado.

Ella "ha tenido un rol importante en el registro e investigación de las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas recientes", dijo a el martes Ignacio J. Alvarez, representante de Ortega en el procedimiento de las medidas cautelares. El letrado dio estas declaraciones en referencia a la ola de protestas que ha sacudido a la nación sudamericana durante los últimos cuatro meses dejando al menos 93 fallecidos, 1,500 heridos y más de 500 detenidos.

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"Es muy importante que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, para contribuir a evitar la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela", agregó.

La Comisión, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, tiene la facultad de solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.

Como se recuerda, Ortega se enfrentó al gobierno de Nicolás Maduro al rechazar el proceso de reforma de la Constitución y solicitó por primera vez protección a la CIDH el 30 de junio, poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera la salida del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso en su contra que podría provocar su enjuiciamiento y destitución.