Familiares de víctimas de protestas en Chile piden justicia a un año del estallido social

A más de un año del estallido social del 19 de octubre de 2019, familiares de decenas de fallecidos en ese periodo reclaman justicia y denuncian lentitud del sistema judicial en Chile.

“¡En Chile se mata; en Chile se tortura!” y “¡las fuerzas armadas y carabineros deben responder, matar a los chilenos no es su deber!” son algunas de las frases que gritaba el miércoles una cincuentena de personas afuera del palacio presidencial de La Moneda, que salvaguardaba la policía.

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“No puede ser que todavía estemos en Chile viviendo lo mismo que pasó en la dictadura, que se muera la gente o que desaparezca y no pase nada”, dice a los medios Catalina Cárdenas, cuyo hermano Danilo falleció hace un año.

Según explica, Danilo iba de camino a su trabajo cuando chocó con una patrulla. Aunque salió ileso del impacto, al bajar del auto “carabineros le disparan en la pierna aduciendo que mi hermano los amenazó con matarlos y tenía un arma”, agrega la mujer, quien asegura que Danilo estaba desarmado. Luego —dice-- fue golpeado y llegó en ropa interior al hospital con una herida de bala en la espalda después de pasar por la comisaría. A la familia le informaron que murió en accidente de tránsito.

“Estamos aquí porque necesitamos que haya justicia”, afirma Catalina. Su hermano tenía 29 años y era padre de dos hijos. Asegura que ahora toda su familia está en tratamiento psicológico debido a lo ocurrido. Su causa sigue parada. Hace tres meses el fiscal a cargo dijo que iba a hacer el sumario, que aún no se materializa.

La recientemente constituida Agrupación de Familiares Asesinados en el Estallido (AFAE) estaba el miércoles frente a los medios con pancartas en las que aparecían los rostros de familiares que fueron detenidos o fallecieron en circunstancias poco claras.

“Mi hermano fue la primera persona que apareció ‘suicidada’ en Chile”, explica a la AP Marusella Mallea, cuyo familiar fue detenido por transgredir el toque de queda y luego trasladado a la comisaría de Peñaflor, una comuna en las afueras de Santiago.

“Lo golpearon de forma brutal”, relata la mujer. “Él habló hasta las tres de la mañana con mi hijo de 18 años y a las 3:45 dicen que mi hermano se había suicidado en el calabozo”, asegura. Agrega que las cámaras de la policía a cargo de grabar los hechos fallaron y el policía a cargo de vigilarlo también se ausentó durante una hora mientras todo sucedía.

“Nadie ve ni escucha nada estando mi hermano supuestamente con un compañero de celda a 30 centímetros de distancia. De ahí en adelante todo ha sido una vorágine de oscuridad”, explica a punto de llorar y afirmando que ni la policía ni la emergencia médica ni el Servicio Médico Legal le dio información sobre lo sucedido con su hermano, fallecido el 25 de octubre.

“Nos prohibieron despedirnos de su cuerpo”, añade explicando que cuando alcanzaron a verlo ya estaba vestido dentro del ataúd y notaron que tenía la nariz fracturada y las uñas negras. Su causa judicial también sigue “durmiendo”.

“La carpeta de mi hermano tiene más de 600 hojas”, señala. Marusella reclama lentitud y obstrucción de la justicia, argumentando que se piden documentos con instrucciones incorrectas y hay que volver a redactarlos varias veces, lo que ocasiona desánimo.

Según los últimos datos de la fiscalía, los muertos durante el estallido fueron 31, pero los familiares aseguran que fueron 43. Hasta el 16 octubre de 2020 sólo había una persona condenada y 75 acusadas por violaciones de derechos humanos por parte del Estado en más de 4.681 causas vigentes, según datos oficiales.

AP se puso en contacto con la fiscalía chilena para actualizar las cifras y obtener su opinión sobre las acusaciones, pero no recibió respuesta de momento.

Chile realizó un plebiscito el pasado 25 de octubre en que se impuso con abrumadora mayoría (78%) reemplazar la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por una Convención Constitucional de personas elegidas para ese fin. De esa forma se canalizó una de las principales demandas sociales —entre otras como mejores pensiones, salud y educación-- durante el estallido, que se extendió hasta la llegada de la pandemia al país.

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