La Fiscalía General de Bolivia excluyó al presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García, de una investigación por la represión policial a indígenas de la Amazonía que marchaban en contra de la construcción de una carretera en setiembre.
Los indígenas habían presentado en el Ministerio Público una demanda de juicio contra Evo Morales y Álvaro García, ministros y jefes policiales por la represión sufrida en un poblado al norte de La Paz. La acusación fue por violación de derechos humanos, y se vio reforzada por la oposición, que entabló otro juicio por el mismo caso.
"Con relación a las dos altas autoridades del Estado boliviano (Morales y García), la decisión del suscrito fiscal ha sido rechazar precisamente las dos proposiciones acusatorias que se han planteado", dijo en rueda de prensa el Fiscal General, Mario Uribe.
El funcionario explicó que "no hay pruebas suficientes" de que las dos autoridades ordenaron la acción policial, aunque precisó que proseguirá el proceso de investigación, principalmente contra el exministro de Interior, Sacha Llorenti, y dos jefes policiales.
La Policía intentó el 25 de setiembre frenar la marcha por la fuerza, dejando varios heridos y lesionados, pero los nativos se rearticularon a los pocos días y retomaron su caminata a La Paz, en rechazo a una carretera que Evo Morales impulsa y que atravesaría una reserva indígena en el centro del país. La obra tiene una financiación millonaria de Brasil.