El Rey Felipe VI de España disolvió el martes el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas para el 26 de junio, los segundos comicios en seis meses luego que una votación que arrojó resultados inconclusos a fines del 2015 dejó fragmentado el panorama político del país.
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Las nuevas elecciones se producirán después de cuatro meses de infructuosas negociaciones entre los cuatro principales partidos políticos de España, incluyendo el conservador Partido Popular (PP) del presidente en funciones Mariano Rajoy, que consiguió buena parte de los votos en diciembre pero no obtuvo una mayoría legislativa.
"Espero que todos hayamos aprendido la lección y el siguiente Congreso llegue a un acuerdo suficiente (para formar Gobierno) lo antes posible", dijo en una rueda de prensa presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, al confirmar que el monarca había firmado el decreto para organizar los comicios.
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Realizada en un contexto de un panorama económico complejo y mientras la elite política encara denuncias de corrupción, las elecciones anteriores estuvieron marcadas por el fin del dominio de los dos partidos tradicionales del país, el PP y los socialistas del PSOE, que han gobernando a España desde su regreso a la democracia a mediados de la década de 1970.
Su base de votantes se vio erosionada por el surgimiento de dos actores políticos: el grupo anti-austeridad Podemos y el centrista Ciudadanos.
Durante una serie de negociaciones, el cuarteto de líderes de los partidos no consiguió sortear las significativas brechas en sus posturas, incluyendo las estrategias sobre cómo manejar la economía y el debate sobre cuánta autonomía se podría conceder a la comunidad de Cataluña.
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Los sondeos de opinión sugieren que los nuevos comicios podrían arrojar un nuevo estancamiento y los políticos afrontan un previsto aumento de la abstención entre los votantes españoles, que se muestran cada vez más frustrados.
El porcentaje de españoles que considera mala o muy mala la situación política del país no ha dejado de aumentar desde diciembre, en medio de una creciente impaciencia público, que de no llegar a un consenso podrían llevar a España a más meses de parálisis.