Al coro de “España no se vende” y múltiples insultos, cientos de personas recibieron al actual presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su accidentada visita a Málaga, en la que fuera su primera salida de Madrid tras haber asegurado los votos para una nueva investidura.
Si bien el viaje tenía como propósito celebrar un encuentro bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz, terminó siendo una auténtica chapuza diplomática cuando los malagueños bloquearon las vías por donde se movilizaban los vehículos de ambos jefes de Gobierno.
Y es que la polarización en la nación ibérica ha alcanzado niveles inéditos, cuando menos desde el retorno a la democracia, luego de que Sánchez cerrara un pacto con Junts per Catalunya (JxC), partido de Carles Puigdemont, artífice de la declaratoria unilateral de independencia catalana de octubre de 2017, quien se encuentra ahora en Bélgica, prófugo de la justicia.
La semana pasada, Sánchez había ultimado los detalles de un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), otro de los partidos independentistas catalanes con representación en el Parlamento español, tal y como cuenta a Perú21 el periodista Aldo Mariátegui desde España. “Con ERC pactó tres cosas: la Ley de Amnistía, que le entreguen los trenes de cercanía y que le corten 15,000 millones de euros de deuda a Cataluña”, explicó.
La Ley de Amnistía pactada por Sánchez con ERC fue, para muchos españoles, la gota que derramó el vaso y, por ello, como respuesta se han venido realizando protestas diarias frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid. Sin embargo, ese acuerdo no le alcanzaba a Sánchez para obtener la ansiada mayoría de 176 votos para poder ser investido nuevamente. Le hacían falta cuatro votos, precisa Mariátegui, por lo que tuvo que recurrir a JxC, un partido “más radical” y “más duro para negociar”.
“La amnistía que había sacado ERC era solamente para los que habían participado en lo que se llamó ‘El Tsunami’, que fue el intento de golpe de los independentistas cuando declararon unilateralmente la independencia. Puigdemont le ha pedido a Sánchez una amnistía más extensiva, que incluya casos conexos que no están directamente vinculados a hechos que se dieron el día de la independencia”, detalló.
El periodista español Carmelo Jordá explicó a este diario que también es importante la inclusión del término ‘lawfare’, que puede traducirse como guerra legal, “como si se hubiese perseguido al independentismo de una forma ilegítima desde la ley”. Además, implicaría “la creación de comisiones parlamentarias que examinarían el trabajo de los jueces en su relación con todas estas causas independentistas”, indica.
Agrega Jordá que el acuerdo con JxC prevé una forma de negociación futura para un referéndum de autodeterminación. “Esa negociación tendrá un relator internacional. Es decir, una persona de otro país que mediará entre dos sujetos que se ponen en igualdad: Cataluña y el Estado español. Esto es, para empezar, una locura y, además, francamente ilegal”, detalló.
Y es la dudosa legalidad del pacto con JxC lo que ha encendido las alarmas, nos dice Jordá, de “prácticamente todo el sistema judicial español”. El jueves, todas las asociaciones de jueces emitieron un comunicado conjunto en el que advertían que el acuerdo supone “una evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”.
En la misma línea, las tres asociaciones de fiscales cuestionaron la inclusión del término lawfare. “Pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”, señala la Unión Progresista de Fiscales, una de esas agrupaciones.
De momento, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y la derecha radical de Vox han convocado para hoy una manifestación en las 52 capitales de provincia. “La democracia española prevalecerá”, indicó Feijóo.