Parlamentarios catalanes presos reciben sus credenciales en medio de gran expectación

Madrid. En medio de una gran expectación mediática y política, cinco dirigentes catalanes que son juzgados por el intento independentista de 2017 se acreditaron este lunes como miembros del Parlamento de España tras ser elegidos en los comicios del 28 de abril pasado: cuatro diputados y un senador.

Sin embargo, a continuación tuvieron que regresar a la cárcel, pues cumplen prisión preventiva desde hace más de un año y medio.

El Tribunal Supremo de España (TS) juzga a doce líderes secesionistas, incluidos los cinco citados, desde febrero pasado por el proceso inconstitucional para la independencia unilateral de la región de Cataluña, organizado por las autoridades locales en septiembre y octubre de 2017.

Los nuevos legisladores independentistas acudieron a las sedes del Congreso y del Senado en furgones policiales, los mismos que los llevaron de retorno a la cárcel de Soto del Real [periferia de Madrid] tras el trámite que los acredita como parlamentarios

Cuatro de los procesados [Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull] recogieron las credenciales de diputados del Congreso, el primero por el partido ERC [republicano de izquierda] y los tres restantes por el conservador JxCat.

El quinto fue Raúl Romeva (ERC), quien se acreditó como senador, un proceso que requirió apenas siete minutos, por lo que pasó apenas media hora en la sede del Senado, mientras que sus compañeros estuvieron una hora en el Congreso.

Todos ellos estuvieron custodiados por agentes de seguridad vestidos de paisano, en un operativo policial importante que también fue visible en los exteriores de las dos cámaras legislativas.

Los cinco habían recibido la autorización pertinente del TS para salir del centro penitenciario y entregar en el Congreso y el Senado los documentos necesarios para registrarse como parlamentarios.

Un centenar de informadores entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos siguieron con gran atención en el Congreso la entrada y la salida de los legisladores independentistas procesados, donde fueron recibidos con aplausos de sus compañeros de partido, con quienes se fotografiaron y se grabaron, aunque no pudieron reunirse con ellos.

Tampoco se les entregó el teléfono móvil ni la tableta que reciben todos los diputados cuando se acreditan, y solo recibieron el portafolios oficial de la cámara que, por orden judicial, no se pudieron llevar al regresar a prisión.

No obstante, este lunes recurrieron a Twitter para lanzar mensajes de gratitud por los votos que recibieron para ser parlamentarios y defender sus ideas independentistas. Incluso uno de ello, Oriol Junqueras, publicó un video desde el Congreso.

"Estamos en el Congreso, estamos bien, es un privilegio estar rodeado de mis compañeros", afirma en ese video Junqueras, quien también reclama que se vote a ERC en las elecciones municipales y europeas del domingo próximo "para llevar al país [Cataluña] hacia la libertad".

En la sesión de mañana tendrán que acatar la Constitución española, al igual que todos los diputados y senadores, para adquirir la condición plena de parlamentarios.

Aunque los cinco asistan a la apertura de la legislatura, existe la posibilidad de que tanto el Congreso como el Senado los suspendan en sus funciones mientras se desarrolla el juicio en el TS.

El presidente del conservador Partido Popular, Pablo Casado, dijo ante los diputados y senadores de su formación que es un "escarnio" que los políticos catalanes presos vayan a participar mañana en la sesión constitutiva de las dos cámaras, y de "provocación" y "ofensivo" que hayan podido acreditarse como parlamentarios.

Por el contrario, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, replicó que el hecho de que los políticos presos hayan podido hoy presentar sus credenciales ante las cámaras "no es motivo de bochorno, sino prueba de que la Constitución y el Estado de derecho funcionan" en España.

Los partidos opositores PP y Ciudadanos pidieron este lunes que estos legisladores catalanes presos sean suspendidos mientras se resuelve su situación judicial.

La Fiscalía pide para los doce acusados penas de entre 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión [con uso de violencia], malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión por el delito de sedición.

Fuente: EFE

TE PUEDE INTERESAR: