(Barcelona/EFE)El Gobierno de la región de "Cataluña".https://peru21.pe/noticias-de-cataluna-31411?href=nota_tag decidirá antes del 15 de octubre si mantiene la consulta de carácter soberanista convocada para el 9 de noviembre y que el Ejecutivo central español considera ilegal.
Varias formaciones nacionalistas catalanas quieren que el mes próximo los ciudadanos se pronuncien acerca de la soberanía de su territorio (7,5 millones de habitantes) y, eventualmente, de su independencia respecto a España.
La consulta está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, aunque los nacionalistas apuestan públicamente por mantener los preparativos.
A este respecto, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, fijó este lunes en "alrededor del 13, 14 y 15" de octubre la fecha en la que habría que adoptar alguna decisión sobre la consulta del 9 de noviembre si el TC no levanta antes la suspensión cautelar.
El principal apoyo del Gobierno catalán en este proceso, la izquierdista ERC, replicó que no quiere que se pongan fechas límite a la consulta, de la que considera que está "encarrilada" aunque no "blindada", en palabras de su portavoz Anna Simó.
Mientras tanto, la Abogacía del Estado español impugnó hoy ante el Tribunal Constitucional el decreto de nombramiento de los miembros de la comisión encargada de controlar la eventual consulta catalana, una especie de junta electoral.
El presidente del Ejecutivo catalán, Artur Mas, firmó el pasado 2 de octubre la formación de esa comisión electoral.
Francesc Homs defendió hoy esa junta por entender que, pese a que el TC ha suspendido el proceso, el órgano electoral lleva a cabo "actos preparatorios" que no generan "efectos jurídicos vinculantes".
Respecto a esa comisión electoral, ha sufrido ya su primera baja, puesto que uno de sus integrantes, el catedrático Joaquim Brugué, ha decidido dimitir tras reconocer que la consulta que se prepara carece de las suficientes "garantías democráticas".
Brugué, propuesto por la formación de izquierdas ICV, afirmó que la consulta debería haberse parado tras la suspensión cautelar dictada por el TC, con objeto de replantearla.