El juez español Baltasar Garzón, que se hizo famoso por su intento de extraditar al exdictador chileno Augusto Pinochet en la década de 1990, negó hoy haber abusado de su poder, en un juicio que muchos de sus seguidores ven como una venganza política.
Garzón, de 56 años, enfrenta en Madrid tres casos ligados a sus investigaciones sobre abusos de los derechos humanos, corrupción y otros delitos.
Sus seguidores acudieron a la Corte Suprema de España para saludarlo, con carteles en los que denunciaban lo que ven como una venganza política contra un juez que se ha ganado enemigos entre la clase dirigente española.
En este primer proceso, Garzón podría ser condenado a 17 años de inhabilitación profesional tras haber ordenado grabar las conversaciones en prisión de los dos principales imputados en una trama de corrupción.
"Las conversaciones se intervinieron a los internos por una razón concreta y específica, para nada relacionada con el ejercicio de defensa: constatar, y en su caso evitar, la continuación de la actividad delictiva, relacionada principalmente con el blanqueo de capitales", dijo el juez.
"La actividad delictiva continuaba por parte de los principales responsables una vez en prisión", agregó.
Entre sus defensores se encuentran las víctimas de la dictadura de derecha en España, que gobernó el país hasta finales de la década de 1970, y un representante de un grupo de derechos humanos argentino que lo considera como un héroe.
"El violó los derechos que decía defender", dijo Ignacio Pelaez, uno de los abogados de la acusación, a Reuters. "Pretendo que el Tribunal Supremo ponga unos límites y que diga que no vale todo en el ejercicio de la acusación", agregó el antiguo fiscal y excompañero de Garzón.
Garzón, cuya función como "juez de instrucción" es investigar las demandas, usó su vestimenta oficial durante las audiencias de apertura.
El caso fue presentado por dos empresarios que están aguardando un juicio por el presunto pago de coimas a miembros del Partido Popular (PP) de derecha, que ganó abrumadoramente las elecciones de noviembre.
Los tres casos son demandas privadas presentadas por individuos y organizaciones, no por el Estado. Garzón ha rechazado las acusaciones y el fiscal público de España recomendó su absolución de todos los cargos.