A tan solo una semana de que deje la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asestó un durísimo golpe al sistema de justicia de su país. En una medida aprobada en medio de protestas ciudadanas y bajo el pretexto de “mejorar el Poder Judicial”, promulgó una ley que impone que más de 1,600 cargos judiciales sean elegidos por votación popular.
Las elecciones darán paso a que la ciudadanía seleccione a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados en 2025, y a la otra mitad en 2027.
En el anuncio, difundido el mismo Día de la Independencia de México, López Obrador estuvo acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, su sucesora y militante también del partido político Morena. La reforma había sido aprobada por las dos cámaras parlamentarias en actos que no contaron con la presencia de la oposición, que calificó la reforma constitucional como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.
La oposición también denunció amenazas, chantajes y hasta detenciones del oficialismo, que logró la luz verde para la iniciativa gracias al voto del senador Miguel Ángel Yunes, acusado de corrupción y enfrentado durante años al propio López Obrador.
En la previa, los mismos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos 1,200 jueces en el país protestaron con el fin de frenar este cambio normativo. Organismos como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la International Chamber of Commerce (ICC), calificadoras como Fitch y Moody’s, y el Gobierno de Estados Unidos han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos arbitrajes en el marco de tratados comerciales.
Sheinbaum, quien asumirá el poder el 1 de octubre, aseguró que este “es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país” y que “no va a haber regresiones, no va a haber vueltas al pasado. Este es el sendero”.
¿JUDICATURA POLÍTICA?
Con el cambio constitucional, los candidatos a jueces deberán presentarse a elecciones, en lugar de ser nombrados. Se eliminarían las largas listas de requisitos para ser juez, abriendo el camino para que se presenten personas sin experiencia técnica ni profesional. Los críticos de la reforma sostienen que esta otorgará mayor poder político al movimiento de López Obrador.
El jurista Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú y exrepresentante permanente del Perú en la ONU, dijo a Perú21 que existen cuatro sistemas de nombramientos judiciales: por designación política, cooptación, por designación de un ente independiente y por elección popular.
El primero es el que se aplica en la Corte Suprema de los Estados Unidos; el Estado federal elige a propuesta del Ejecutivo. El segundo es el menos utilizado porque, añade, “engendra oligarquías judiciales y la asignación de cargos por prebendas”. El tercero es el utilizado en Perú con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Y el cuarto y último es el que impondrá México.
“La designación de jueces y fiscales no puede basarse en la empatía, en la intuición o en el entusiasmo que un candidato le pueda generar a la ciudadanía. Se requiere el aval técnico. Eso no se puede obtener en una elección popular. Mire cómo elige la ciudadanía a sus alcaldes, gobernadores, congresistas… Más bien, esto podría generar, como se teme en México, que un partido en particular pueda tener una preponderancia significativa sobre la ciudadanía y establecer una judicatura políticamente adicta al Gobierno de turno”, manifestó.
García Toma recordó la experiencia de Bolivia, en la que el TC de aquel país, conformado por 9 miembros, elige a sus integrantes por voto popular y es un tribunal “totalmente desacreditado”.
En Perú, la Constitución prevé, en el artículo 152, que los jueces de paz deben ser elegidos por elección popular. Sin embargo, ello no se aplica, lo que García Toma calificó como “un acto responsable”.
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