El testamento de Felipe de Edimburgo quedará en secreto los próximos 90 años

El príncipe Felipe de Edimburgo se llevó a la tumba un singular secreto: su testamento. La última voluntad del esposo de la reina Isabel II del Reino Unido permanecerá sellada durante 90 años. Es lo que dictaminó hace un año el Tribunal Supremo de Londres y es lo que acaba de ratificar el también Tribunal de Apelación ante un recurso presentado por el diario británico The Guardian.

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El litigio con el medio de comunicación inglés enfrentaba la protección de la libertad de prensa contra el derecho a la intimidad de la familia real británica. Al final la justicia británica ha optado por proteger la intimidad de la reina, en un fallo judicial que trasciende el caso concreto de Felipe de Edimburgo.

Desde 1911, la realeza británica ha conseguido evitar la ley de Reino Unido, que exige que los testamentos de los ciudadanos británicos sean públicos. Durante este tiempo, la familia real británica ha solicitado mantener en secreto 33 testamentos y se han repartido de espaldas al público activos por valor de al menos 187 millones de libras (unos 227 millones de dólares) actualizados a precios de hoy, calcula el citado medio. El poder judicial inglés nunca ha rechazado una de estas peticiones.

El testamento de Felipe de Edimburgo

El año pasado, tras la muerte del duque de Edimburgo, The Guardian solicitó poder acceder al testamento. Entonces argumentó que excluir a los medios de la lectura de este documento socavaba el principio fundamental de justicia abierta, que exige el acceso del público a los procedimientos judiciales.

El juez sir Andrew McFarlane, presidente de la división de familia del alto tribunal, reconoció entender “la curiosidad” por conocer la última voluntad de un miembro de la realeza británica. Pero argumentó que no tenía “interés público” y que los medios solo persiguen su publicación por un “interés comercial”.

El pasado viernes, los tres jueces del Tribunal de Apelación han optado por apoyar la tesis del letrado y han fallado que los medios de comunicación no tienen derecho a asistir a la audiencia, ni a ser notificados sobre ella, añadiendo que la publicidad “habría comprometido la necesidad de preservar la dignidad de la reina y la intimidad de su familia”.