El gobierno de Georgia descartó este domingo organizar nuevas elecciones, algo que reclama la oposición, pese a la crisis política que sacude al país del Cáucaso, escenario de manifestaciones pro-UE desde hace tres noches.
La exrepública soviética celebró elecciones legislativas el 26 de octubre. El partido en el poder, Sueño Georgiano, reivindicó su victoria pero la oposición denunció irregularidades y pidió que se volviera a convocar los comicios. Un reclamado secundario por la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, que tiene poderes limitados.
"Por supuesto que no", respondió el primer ministro, Irakli Kobajidze, a los periodistas al ser preguntado sobre si el gobierno, acusado de deriva autoritaria prorrusa, aceptaría organizar nuevas elecciones.
Este incremento representa casi 5% más que lo aprobado inicialmente para el 2024.
Desde hace tres noches, la capital, Tiflis, y otras ciudades han sido escenario de manifestaciones, a las que asistieron miles de personas en protesta por la decisión del gobierno de aplazar a 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Aún así, el Ejecutivo mantiene que quiere que el país forme parte del bloque para 2030.
Las protestas fueron dispersadas con gases lacrimógenos y cañones de agua y se saldaron con más de 150 detenidos y decenas de agentes heridos, según la policía.
En este contexto, la presidenta Zurabishvili, proeuropea, aseguró que se mantendría en el cargo "hasta que no haya nuevas elecciones", pese que a su mandato termina a finales de diciembre.
"Hasta que no haya nuevas elecciones y que un Parlamento elija un nuevo presidente según nuevas reglas, mi mandato continuará", afirmó la presidenta en una entrevista exclusiva a AFP.
"Está claro que el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos no es aceptable y que el gobierno georgiano debe respetar la voluntad del pueblo georgiano", afirmó por su parte este domingo la nueva jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.
Según Kallas, que consideró el cargo este domingo, la situación en Georgia tendría "claramente consecuencias" en las relaciones con la UE.
En paralelo a las manifestaciones, cientos de funcionarios y jueces publicaron declaraciones comunes en señal de protesta, y unos 160 diplomáticos georgianos criticaron la decisión del gobierno, considerando que va en contra de la Constitución y que conduce al "aislamiento internacional" del país.
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