Justicia de EE.UU. bloquea la distribución de manuales para imprimir armas en 3D

Un juez de Estados Unidos bloqueó temporalmente la distribución en línea de planos para fabricar armas de fuego en impresoras 3D. De esta manera, se pone fin a un acuerdo que el gobierno de Donald Trump logró con la compañía que piensa comercializar los documentos.

El juez federal Robert Lasnik de Seattle aceptó la solicitud realizada por ocho estados de Estados Unidos y del Distrito de Columbia, donde está la capital de Washington, calificando el consenso con el grupo Defense Distributed como arbitrario y caprichoso. 

En su fallo, el juez Robert S. Lasnik, con tribunal en el estado de Washington, responde a un recurso presentado por los fiscales de varios Estados ante la inminencia de que Defense Distributed pusiera en marcha lo que esta misma organización define en su web como "el inicio formal de la era de las armas descargables".

Recordemos que, luego de una larga batalla judicial a finales de junio, el gobierno federal había autorizado al grupo Defense Distributed poner en línea los planos digitales que permiten la fabricación casera de armas con una impresora 3D.

Estos objetos, que se hacen de plástico, funcionan como un arma muy real. Al no ser industrializados por un fabricante autorizado, no tienen número de serie, tampoco suenan al pasar por un detector de metales y potencialmente no se pueden rastrear.

"El momento de las armas descargables realmente comienza", promete el sitio del grupo, fundado por Cody Wilson, un libertario de 30 años.

Estaba previsto que los programas de instrucción fueran puestos en línea el miércoles, pero Wilson dijo a la revista Wired este martes que él ya había publicado estas instrucciones. Y, de acuerdo a la revista, "ya han sido descargados miles de veces".

"Es una locura dar a los delincuentes las herramientas para imprimir en 3D armas que son imposibles de rastrear y que no se pueden detectar, con solo apretar un botón", dijo la fiscal del estado de Nueva York, Barbara Underwood.

Una veintena de fiscales estatales también escribieron al Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, para denunciar el acuerdo entre el gobierno y Defense Distributed. Es un acuerdo "profundamente peligroso que podría tener un impacto sin precedentes en la seguridad pública", indicaron.

Estados Unidos, donde unas 30.000 personas mueren al año a causa de las armas de fuego, está profundamente dividido por la discusión sobre el control de armas personales, particularmente por numerosas matanzas masivas, muchas veces perpetradas con armas que fueron compradas de manera legal.

Fuente: AFP, EFE