Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para evaluar la situación en Nicaragua, por el grave deterioro del respeto a los derechos humanos, diversos países del continente manifestaron su preocupación por la tendencia autoritaria del presidente Daniel Ortega.
Por ello, EE.UU., Colombia, Perú y Argentina, pidieron evaluar la crisis en el país centroamericano mediante la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), un instrumento jurídico creado para la preservación de la institucionalidad en Latinoamérica, que podría terminar con la suspensión de Nicaragua del organismo.
Es la primera vez que la aplicación de la Carta Democrática aparece en el debate sobre Nicaragua en la OEA. Sin embargo, el embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, consideró que la situación en Nicaragua es muy grave y debe ser abordada a la luz de dicho instrumento.
El diplomático colombiano consideró "urgente" e "imperativo" tomar esa iniciativa tras el informe de un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concluyó que el Gobierno de Ortega ha perpetrado crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que el organismo no puede estar "en silencio" y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua "no se cumplen" los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.
La embajadora de Perú ante la OEA, Ana Rosa Valdivieso, también mencionó la Carta Democrática e instó al resto de Estados a no permanecer "impasibles" ante la situación.
En tanto, la embajadora argentina, Paula Berto, fue un poco más contundente y adelantó: "Un grupo de Estados estamos pensando en aplicar la Carta Democrática".
En la sesión, ninguna delegación presentó un proyecto de resolución para activar la aplicación de la referida Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, ni mencionó cómo sería el proceso para su puesta en marcha.
La aplicación de la Carta consiste en una variedad de iniciativas diplomáticas para proteger la democracia y el estado de derecho en un país específico, que de fracasar podrían generar eventualmente la suspensión de ese país.
El embajador estadounidense Carlos Trujillo dijo a reporteros que su delegación y otros países propondrán a mediados de enero -cuando todos los embajadores hayan regresado a Washington tras la pausa decembrina- que se convoque a una reunión de cancilleres para abordar la crisis de Nicaragua, para lo cual serían necesarios 18 votos.
Empero, el embajador de Nicaragua Luis Alvarado rechazó la convocatoria de la sesión porque señaló que aborda asuntos internos sin la anuencia del gobierno de Managua. Bolivia y Venezuela fueron las únicas delegaciones que le expresaron apoyo.
Desde que empezaron las protestas contra el régimen de Ortega, la CIDH ha reportado 325 muertos, más de 2,000 heridos, 550 detenidos y enjuiciados, así como 300 profesionales de la salud despedidos y al menos 80 estudiantes universitarios expulsados.
La CIDH alcanzó en junio un acuerdo con el gobierno de Ortega para conformar al grupo de expertos independientes y un mecanismo especial de seguimiento. Sin embargo, las autoridades los expulsaron la semana pasada acusándolos de entrometerse en asuntos internos.
(Con información de EFE y AP)