Foto: Reuters
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El Congreso de votará este jueves un proyecto de ley de comunicación que prevé reducir el espacio del sector privado con una nueva repartición de frecuencias de radio y televisión y que la oposición tilda de "mordaza".

"El jueves 19 votaremos, en la Asamblea Nacional, la Ley de Comunicación, artículo por artículo", dijo en su Twitter Fernando Cordero, presidente del Parlamento y miembro del movimiento Alianza País (AP) del mandatario .

Cordero convocó al Legislativo (con 124 miembros) a la reanudación de la sesión del 11 de abril pasado, en la que se debía votar el proyecto en el marco del segundo y definitivo debate y que se suspendió una hora y media después de iniciada para dar tiempo al grupo de trabajo que redactó el texto de dialogar con diversos actores.

En dicha ocasión, el Congreso decidió que los legisladores votarán uno por uno los 128 artículos, y quedó descartado que el archivo de la iniciativa, con la que "será posible la reversión de las frecuencias de radio y televisión mal habidas o ilegalmente obtenidas", según dijo el congresista Mauro Andino, titular de la comisión a cargo.

AP, el principal bloque parlamentario con 53 curules, necesita 63 votos para que se apruebe el texto que impulsa desde hace cuatro años y que plantea que el 34% de las frecuencias sean concedidas a medios comunitarios, 33% para públicos y 33% para negocios privados con fines de lucro.

El sector privado actualmente controla el 85.5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones.

Sectores de oposición y algunos medios de comunicación consideran que el proyecto es una amenaza para la libertad de prensa al proponer un consejo de regulación con un delegado del gobierno y potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones.

La ONG ecuatoriana Fundamedios estima que el proyecto debería ser archivado porque su intención es el "control y castigo al ejercicio del periodismo", así como "evitar la crítica sobre funcionarios públicos" y la "imposición de una ética desde el Estado".

La nueva norma fue ordenada por la Constitución de 2008, pero sucesivas dilaciones impidieron cumplir ese mandato, por lo que Correa, en el poder desde enero de 2007, la volvió a impulsar mediante .

En febrero pasado, tres directivos y un exeditor del diario El Universo de Guayaquil fueron condenados a a Correa, quien los enjuició por injuria. El mandatario pidió luego anular la sentencia.