Tras la serie de sanciones que se le viene aplicando a , una de las que plantearon desde muchos lados se ha deslizado la idea de expulsar al país europeo de , algo que, a la larga, podría ser muy peligroso.

Hace poco, la ICANN rechazó la petición desde Ucrania de revocar los dominios rusos, y la Fundación Wikimedia teme que nuevas sanciones podrían dejar sin acceso a la red a los habitantes de Rusia y Bielorrusia.

Es justo esta fundación junto a otras 35 organizaciones de la sociedad civil las que enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle garantía de que la gente de Rusia y Bielorrusia no quedarán sin comunicación.

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Electronic Frontier Foundation, Human Rights Watch, y la española Xnet, advirtieron sobre los peligros de desconectar a ambos países, algo que generaría que la violencia y la represión gubernamental aceleren o tengan consecuencias que queden invisibles al resto del mundo.

Esto no solo perjudicaría a quienes desean informarse sobre la guerra de Ucrania, sino también de acontecimientos locales

“Instamos a todos los actores que estén considerando tomar medidas que limitarían el acceso a Internet en la Federación Rusa a considerar cuidadosamente el impacto total de tales medidas y sus posibles consecuencias no deseadas, y a actuar de manera específica, abierta y estratégica, de conformidad con los principios internacionales de derechos humanos de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad”, se puede leer en el comunicado.

Así pues, se hizo un llamado para que se provea de servicios al país europeo, pues las sanciones económicas han hecho que dos proveedores de internet, de los más importantes, interrumpieran su servicio en Rusia.

Como se conoce ya desde hace algunos años, la importancia de la internet es realmente esencial para la protección de la libertad de expresión y acceso a la información, es más, países con fuertes sanciones económicas, como Cuba, Irán y Siria, poseen estos permisos.

La misiva indica que restringir el acceso a plataformas de comunicaciones extranjeras obligaría a los habitantes de Rusia a depender de los servicios locales. Las organizaciones civiles apuntan que estas alternativas están controlados por autoridades rusas, quienes ejercen una censura y vigilancia agresivas.

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