La presión que se sufre a diario la prensa nicaragüense se ve reflejada en las constantes campañas de odio, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. Los periodistas detenidos, hombres y mujeres, pasan los peores días de sus vidas en condiciones carcelarias lamentables y precarias.
La dictadura de Ortega, que llegó al poder en enero del 2007, siempre se ha mostrado en contra de la prensa independiente pues considera que ha tomado un partido. Con el objetivo de acallar las críticas a su nefasto gobierno, Canal 15, un espacio de televisión por cable, tuvo que salir del aire tras un año emitiendo el programa de opinión “La Voz del Pueblo”. Tras los constante ataques e intimidaciones, Carlos Alberto Cerda Acuña, director del medio, contó a Reporteros Sin Fronteras (RSF) “que sufriría las consecuencias si seguía emitiendo el programa”.
Un destino igual de turbio lo tuvo el periódico nicaragüense El Nuevo Diario. El periodista Luis Galeano publicó en enero y febrero dos reportajes donde denunciaba actos de corrupción del gobierno, hechos que lo llevaron a recibir amenazas de muerte. Del mismo modo, la dirección del medio denunció los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse para adquirir la materia prima necesaria para su impresión. “Te quedan 72 horas de vida”, le dijeron a Galeano en febrero de 2011.
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Hastiados de las condiciones de temor y no poder ejercer la profesión que tantos los apasiona, cerca de 60 periodistas nicaragüenses se manifestaron el 17 de julio de 2014 frente a la sede principal de la Policía Nacional. Reclamaron la actitud pasiva de los efectivos cuando eran agredidos por los simpatizantes del gobierno durante una manifestación. “Estos grupos, conformados por motociclistas, acompañan también a la pareja presidencial y a los dignitarios del gobierno en los actos oficiales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido que desde 2006 mantiene firmemente las riendas del poder, tras haber pasado 16 años en la oposición”, reseñaba RSF.
En julio de 2014, reporteros de Canal 12 fueron agredidos por motociclistas cuando cubrían una manifestación exactamente frente a la estación policial. Días antes, un reportero de Canal 2 fue embestido por un vehículo adscrito al Ministerio de Salud, a pesar de haber denunciado, no recibió apoyo de la justicia.
Cuatro días antes de Navidad, en 2018, la periodista Lucía Pineda Ubau, jefa de información de 100% Noticias fue detenida junto a su colega Miguel Mora, y fueron acusados de “terrorismo”.
Pineda pasó 41 días detenida en El Chipote, la prisión de alta seguridad, antes de ser llevada a una cárcel de mujeres, un centro neurálgico de la dictadura militar de Somoza; y donde las condiciones carcelarias fueron “infrahumanas”. “El gobierno del presidente Daniel Ortega, hundido en el autoritarismo, emprende una escalada represiva muy preocupante”, alertó la Oficina en América Latina de RSF.
En el 2018, Nicaragua ocupó el puesto 90, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. Ese año terminó marcado por una nueva serie de ataques graves contra la prensa nicaragüense independiente.
En noviembre del mismo año, el periodista de Radio Corporación Gustavo Jarquín fue detenido e insultado por tres policías, cerca de las oficinas de la emisora, en Managua, el mismo día otros agentes amenazaron de muerte a Miguel Mora, director y propietario del canal 100% Noticias y a su esposa, Verónica Chávez, presentadora del programa “Ellas lo dicen”. Desde aquella vez, el periodista fue detenido seis veces por la policía, semanas después fue denunciado por incitar y difundir campañas de odio.
Como parte de la condena al régimen de Ortega, Fundamedios y PADF realizaron el Foro Público “Mecanismos de Rendición de Cuentas: Caso Nicaragua”, donde abordaron la crítica situación que vive Nicaragua desde el 2018; año en el que las persecuciones, intimidación y encarcelamiento de opositores al gobierno.
Para Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, resaltó que “lamentablemente el gobierno nicaragüense expulsó a los órganos internacionales de DDHH, y además se han negado a contestar cartas y comunicaciones que las distintas Relatorías han emitido sobre la situación electoral, la libertad de expresión y prensa”.
Se espera que en marzo una vez presentado el informe de la Alta Comisionada se generaría un mecanismo muy similar al que se generó en Venezuela, con lo que se podría revisar la situación de forma más precisa.
Daniel Ortega ha sometido a una “asfixia económica y censura judicial” a la prensa desde que comenzó su tercer mandato consecutivo, en noviembre de 2016. Basado en un “su arsenal de censura” con acciones judiciales “abusivas” contra los que se le oponen a nivel político e informativo, y ha identificado entre sus principales víctimas a la periodista y ahora también candidata presidencial Cristiana Chamorro, y a su familia.
El dictador nicaragüense ha sido incluido en la lista de “depredadores de la libertad de prensa”, junto al venezolano Nicolás Maduro y Jair Bolsonaro, que ejecutan la represión sistemática contra los periodistas y todo el que pretenda difundir información sobre lo que ocurre en los territorios donde gobiernan.