Desde octubre, más de 55.000 haitianos han sido deportados, en un proceso que se ha acelerado bajo una nueva y estricta política migratoria de República Dominicana. Esta oleada de deportaciones ha desatado un debate sobre los derechos humanos y el racismo, a medida que se denuncian abusos durante las redadas y las expulsiones.
El gobierno dominicano tiene como objetivo deportar hasta 10.000 personas por semana, un plan que refleja la creciente frustración con la crisis en Haití, país que enfrenta un colapso institucional y una violencia pandillera incontrolable.
Como se conoce, desde la muerte del presidente haitiano en 2021, Haití ha caído en el caos, lo que ha intensificado el flujo de personas que huyen de la violencia y la falta de oportunidades.
Los ciudadanos se han llevado todo lo que han podido de las casas del expresidente que estaría en Rusia. El garaje de una de las casas tenía docenas de coches de lujo como Audis, Mercedes y Ferraris.
El gobierno dominicano, liderado por el presidente Luis Abinader, argumenta que el país no puede seguir asumiendo la carga de los migrantes haitianos, quienes recurren a los servicios públicos dominicanos ante la crisis extrema en su nación.
Entre las historias de quienes han sido deportados, de acuerdo con 'The New York Times', destaca la de Eduardo Moxteya Pie, nacido en República Dominicana de padres haitianos, quien fue detenido y deportado a Haití a pesar de contar con documentos que confirmaban su ciudadanía dominicana.
Las autoridades dominicanas, por su parte, defienden las deportaciones, argumentando que están en su derecho de controlar su frontera y proteger sus recursos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha expresado que el país no debe ser la válvula de escape para una crisis internacionalmente ignorada.
Sin embargo, los activistas de derechos humanos denuncian que las redadas son arbitrarias y que las personas, incluso aquellas nacidas en República Dominicana, están siendo expulsadas sin garantías procesales.
Laura d'Elsa, coordinadora de la Organización Internacional para las Migraciones, afirmó que los abusos masivos son "extremadamente chocantes", contó al medio estadounidense.
A pesar de las críticas internacionales, el gobierno dominicano sostiene que la política migratoria no tiene un sesgo racial. Sin embargo, organizaciones como la 'Human Rights Watch' y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití han señalado que las deportaciones afectan principalmente a personas negras, independientemente de su nacionalidad, y que algunos deportados nunca han puesto un pie en Haití.
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