Una marcha por la libertad es delito en la dictadura cubana

En julio de 2021, el pueblo cubano se levantó ante la dictadura que los embarga desde hace más de seis décadas. A través de multitudinarias manifestaciones, miles de ciudadanos hicieron un llamado a todo el mundo exigiendo libertad. Pese a este clamor de emancipación, una mal llamada “justicia” ha actuado de forma insólita y autoritaria. Esta semana, la Fiscalía General de la República de Cuba informó que ha acusado a 790 personas que participaron en las protestas. Procesados por pedir libertad. Algo insólito e inaudito que atenta contra las libertades y los derechos humanos.

Luego de estar más de seis meses en indignante silencio, la Fiscalía ha detallado que existen 117 expedientes contra casi 800 cubanos. Pero el panorama puede ser aún más aterrador. Del total de investigaciones abiertas, 55 están dirigidas a adolescentes de entre 16 y 18 años y otros a 60 jóvenes de entre 19 y 20 años.

¿Qué sigue? La dictadura cubana está solicitando sanciones entre 10 y 30 años de prisión por los cargos imputados, los cuales van desde desórdenes públicos, desacato, daños, entre otros.

Muestra de poder

En conversación con Perú21, la periodista cubana Iliana Hernández, fundadora del medio independiente CiberCuba, resalta que estos informes han indignado a los ciudadanos y que la exorbitante cantidad de procesados resulta una “muestra de poder” por parte de la dictadura.

“Hay mucha indignación. Si no hubiera sido por los pronunciamientos de la Unión Europea y otros organismos, la dictadura cubana nunca habría brindado esta información que, además, es imprecisa y falta a la verdad. Lo han hecho, pero como siempre, a su manera: mintiendo”, manifestó.

Según la reportera cubana, el régimen está “sobredimensionando” los cargos bajo los que se está condenando a los manifestantes. “Se está mintiendo sobre las causas de las sentencias y detenciones. Además, no se está condenando la actitud de Miguel Díaz Canel, quien dio la orden de combate e inició la violencia ese día”, aseveró. En la misma línea, Hernández destacó que esta situación “demuestra, una vez más, que en Cuba no hay un gobierno, sino un grupo criminal que se mantiene en el poder a la fuerza y a base de mentiras”.

El derecho a protestar

A diferencia de Cuba, donde el régimen ha negado permisos a marchas argumentando que atentan contra el “orden socialista”, el derecho a la protesta pacífica en Perú no está criminalizado. El caso más cercano es lo ocurrido en noviembre de 2020, cuando miles de peruanos salieron a protestar contra la toma de mando de Manuel Merino como presidente de la República. Luego están otras protestas, como la que avaló el cierre del Congreso en 2019, la huelga magisterial de 2017 y la que estuvo en contra de la denominada ‘Ley Pulpín’ en 2015.

Vale decir que, pese a que en estas manifestaciones se registraron actos de violencia aislados entre manifestantes y agentes del orden, la situación no llegó al extremo de tener como resultado a cientos de manifestantes procesados por el solo hecho de marchar.

En diálogo con este diario, Diego Ato, analista y coordinador del Instituto Político para la Libertad (IPL), resalta que “a diferencia de Perú, en Cuba no hay un Estado de derecho y eso hace imposible que los manifestantes hallen justicia”.

“Las protestas no se pueden judicializar simplemente por el hecho de que no sean del agrado del gobierno. Más allá de situaciones específicas y casos en los que sí se hizo exceso de la fuerza, en general, en Perú se respeta el derecho a la protesta. En otros países, como Cuba, las autoridades responsables quedan impunes y no hay posibilidad de encontrar justicia”, aseveró.

Así funciona la dictadura cubana: si sales a marchar pidiendo libertad, lo más probable es que termines en la cárcel. De terror.

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