Un juez elevó este jueves a juicio oral una causa contra la ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y sus hijos por presunto lavado de activos y asociación ilícita, por las operaciones que una de sus empresas realizó con adjudicatarios de obra pública durante su gobierno.
A través de fuentes judiciales, el magistrado federal Julián Ercolini dispuso, aún sin fecha, que se abra la vista oral del conocido "caso Hotesur", en el que están procesados desde mayo de 2018, entre otros, la actual senadora y Máximo y Florencia Kirchner, hijos que tuvo con el también ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
Esta será la cuarta de las seis causas en las que está procesada la ex mandataria que se elevan a juicio, aunque no será hasta el 21 de mayo cuando comience el primero de ellos, también por presuntas irregularidades durante su mandato en la concesión de obras al ya detenido constructor Lázaro Báez.
En el "caso Hotesur" se investiga si la familia Kirchner cobró, a través del alquiler a empresarios como Báez de propiedades de la sociedad Hotesur, retornos económicos de los sobrecostos de las obras adjudicadas.
Entre los procesados están también el ex contable de la familia Kirchner Víctor Manzanares, la sobrina de la ex presidenta Romina Mercado y el empresario Báez, cercano al kirchnerismo y ya en prisión por otras causas desde 2016.
Ya en diciembre pasado los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que los imputados sean sometidos a juicio oral.
En el auto de procesamiento que Ercolini divulgó en mayo de 2018, señaló que los acusados "habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional".
"Cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz (al sur del país y gobernada por el kirchnerismo)", remarcó Ercolini.
El caso, iniciado en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada opositora Margarita Stolbizer, se centra en las actividades de la empresa Hotesur, que según el juez no contaba "con capacidad económica ni experiencia en el rubro", y cuya finalidad era otorgarle a los pagos de empresarios favorecidos con contrataciones de obra pública "apariencia de legítimos".
La compañía hotelera fue intervenida por la Justicia el pasado marzo.
En noviembre de 2017, la ex mandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal.
Fuente: EFE
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