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El Gobierno de aseguró hoy que el lunes a Karina Bolaños del cargo de viceministra de Juventud a causa de dos denuncias en su contra por acoso a un exnovio y no por un vídeo íntimo que circuló por Internet ese mismo día.

"El hecho de que la exviceministra no informara a sus superiores sobre la (para no difundir el material) ni sobre los casos judiciales en su contra, implicó una violación en su deber de revelar los factores de riesgo vinculados con su cargo, y constituyen razones poderosas para una pérdida de confianza", indicó el Ministerio de Cultura y Juventud en un comunicado.

Además, el mencionado portafolio aclara que su destitución "nada tiene que ver con sus asuntos personales, sino con factores directamente vinculados con el ejercicio de sus funciones".

Según el comunicado, la presidenta solicitó el pasado lunes a Bolaños que dimitiera a su cargo, pero ella no aceptó, por lo que fue despedida.

Ese día un diario publicó que la exfuncionaria tenía dos denuncias en su contra y medidas cautelares en las que se le prohíbe acercarse al denunciante. Más tarde, el mismo lunes, comenzó a circular en Internet el video, en el que ella graba un mensaje erótico en ropa interior para un sujeto no identificado y que no aparece en la imagen.

Bolaños, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, aseguró que el vídeo estaba en una de sus computadoras y fue robado por "un ingeniero informático" que fue contratado por su familia para instalar cámaras de vigilancia, a quien no identificó, y al que acusó de haberla extorsionado durante un año para no publicar las imágenes.

El Gobierno indicó este miércoles que "lamenta profundamente y condena la irresponsable invasión en la privacidad de la exviceministra y la afectación que esto haya tenido en su integridad moral y familiar", y que espera que se castigue a los responsables.

"Cuando tales revelaciones, aunque totalmente censurables en su origen, afectan la buena imagen del funcionario ante los ciudadanos y su capacidad de ejercer adecuadamente el cargo, debe separarse de sus responsabilidades. Si el funcionario no lo hace voluntariamente, el deber del Gobierno es destituirlo", concluye el boletín.