(Radiolared)
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En medio de una tormenta judicial y política, un fallo de la Corte Suprema de Argentina abrió las puertas a la interrupción legal del embarazo en varios hospitales públicos de , donde esta semana se negó el derecho a abortar a una mujer que había sido secuestrada y violada.

Fuentes del Gobierno de Buenos Aires, encabezado por el conservador , confirmaron que se habilitaron cinco hospitales públicos para la práctica de abortos en los términos ajustados a la ley, tras conocer la decisión de la Corte Suprema, que anoche instó al Ejecutivo porteño a permitir abortar a la joven secuestrada por una red de tráfico de personas.

"Se hizo justicia, primó el sentido común", dijo hoy Pablo Vicente, abogado de la mujer de 32 años que solicitó interrumpir su embarazo.

La Corte Suprema dejó así sin efecto una resolución judicial que el martes impidió abortar a la mujer, que ya estaba ingresada en un hospital de la ciudad para someterse a la intervención.

Ella iba a someterse a un aborto en un hospital público bajo el nuevo protocolo para abortos no punibles aprobado por la Legislatura porteña, pero la asociación Pro Vida presentó una medida cautelar, que fue aceptada por una jueza de primera instancia y suspendió la intervención.

El fallo de la Corte Suprema también fue destacado por sectores de la oposición al Gobierno de Macri, a quien denunciaron por divulgar datos privados sobre el caso que permitieron la actuación de Pro Vida.

Este caso ha desatado una intensa polémica entre grupos antiabortistas y organizaciones feministas, agravada por la decisión de Macri de vetar el protocolo para abortos no punible aprobado la pasada semana por la Legislatura porteña tras un trámite que se prolongó durante cinco años.