Correa rechaza petición de la CIDH para suspender sentencia

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo hoy que su gobierno no puede aceptar el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de dejar sin efecto la sentencia en contra del diario El Universo, porque "ni siquiera está ejecutada".

La petición es una intromisión al sistema judicial ecuatoriano y es "un disparate total", dijo.

Correa se pronunció anoche, tras reunirse con su canciller, Ricardo Patiño, y con la embajadora de Ecuador ante la OEA, María Isabel Salvador, y calificó al pedido de "una monstruosidad".

Criticó duramente el funcionamiento de la CIDH, la que dijo es manejada por grupos de capital y gobiernos hegemónicos y aseguró que hay que dar paso a otro sistema de derechos humanos en la región.

"Hemos vencido a la prensa corrupta", señaló el mandatario ecuatoriano, anunciando que, sin embargo, tomará una decisión final sobre el juicio "en una carta abierta" que comunicará al pueblo ecuatoriano, sin adelantar su contenido.

Anteriormente Correa dijo que establecería consultas con su equipo cercano, para considerar la posibilidad de un perdón a los sentenciados, en lo que calificó como "remisión de la pena".

Recordó que hubiera bastado en varios momentos del juicio que siguió por injurias calumniosas al diario "El Universo" que sus directivos y el ex editorialista Emilio Palacio "reconozcan su error y ahí paraba el proceso", pero que no lo hicieron por soberbia, según dijo.

Previamente, en su cuenta de Twitter, Correa habló de la urgencia de cambiar a la CIDH, lo cual fue ratificado por el canciller Patiño, quien aseguró que los gobiernos de la región ya están trabajando en la conformación de "un sistema sudamericano de derechos humanos", ya que el actual requiere un cambio urgente.

Tres directores del diario "El Universo" y un exeditorialista fueron sentenciados a tres años de prisión y a pagar una multa de US$40 millones a raíz de una publicación del periódico sobre la sublevación policial en Ecuador, en la que se puso en riesgo la democracia en este país.

En ese comentario se decía que "en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente", lo que Correa consideró como una injuria.