Madrid. [EFE]. España permite desde este lunes la reapertura del importante sector del comercio minorista en todo el país, tras dos meses de cierre obligatorio, y da un paso más, lentamente, en el camino para recobrar el pulso económico y reanudar también la actividad social y política ordinarias, mientras el COVID-19 remite aceleradamente.
Muestra de ello son las regiones autónomas de Galicia (noroeste) y del País Vasco (norte), cuyos presidentes convocaron hoy elecciones autonómicas para el 12 de julio. Estaban previstas inicialmente para el 5 de abril, pero fueron suspendidas por la epidemia.
La evolución es “realmente buena” y la transmisión del coronavirus ahora mismo es “muy baja en muchos territorios” de España, aunque existe riesgo aún, constató este lunes el portavoz del Ministerio de Sanidad para la pandemia, Fernando Simón.
El número de fallecidos diarios a causa de la enfermedad bajó a 59 y los casos nuevos se redujeron a 285 en las últimas horas, según los datos oficiales. Son las cifras más bajas en más de dos meses.
El Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, diseñó un plan de cuatro etapas (fases 0, 1, 2 y 3) para acometer una transición gradual y "asimétrica", una vez contenida de la epidemia.
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Está basado en indicadores como el nivel de transmisión del coronavirus y el refuerzo del sistema sanitario, muy castigado por la epidemia, para hacer frente a un rebrote fuerte.
El Ministerio de Sanidad decide qué zonas, generalmente provincias, pueden pasar de fase, según el criterio de un comité consultivo de expertos.
Esto generó una fuerte polémica política, pues el Ejecutivo rechazó dos veces que Madrid entre en la fase 1, en la que se permite una mayor actividad comercial y social. Esta región, gobernada por los conservadores, es la más afectada por la epidemia y la de mayor potencial económico de España.
Asimismo, el uso de mascarilla será obligatorio en España también en los espacios cerrados y en la calle si no es posible garantizar una distancia mínima de dos metros de seguridad entre personas para evitar el contagio de coronavirus, según acordaron este lunes el Gobierno y las autoridades regionales, informaron fuentes del Ministerio de Sanidad.
Los viajeros ya debían llevarlas puestas en todos los medios de transporte público desde el 4 de mayo, cuando comenzó la primera de las cuatro etapas de reactivación social y económica planeadas por el Gobierno para recuperar progresivamente la normalidad, a medida que remite la epidemia.
Varias regiones, como Madrid y Cataluña, habían insistido en que el uso fuera obligatorio en cualquier lugar público, ya sea cerrado o al aire libre, como medida de seguridad ante la previsión de mayores concentraciones de personas según se levanten las restricciones de movimiento de población.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya había tratado el asunto con las autoridades regionales de sanidad anteriormente y dijo el sábado pasado que iba a ser obligatorio el uso y que quería que la decisión se tomara con el mayor consenso posible.
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