Argentina abrió el lunes una nueva etapa en su confinamiento, que se alargará hasta el 10 de mayo y que comienza con polémica por la negativa de Buenos Aires y otros grandes distritos a permitir salidas recreativas de una hora, que el Gobierno nacional había anunciado como novedad para este periodo.
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El aislamiento social preventivo y obligatorio, que rige en Argentina desde el 20 de marzo para evitar la propagación del coronavirus y ya se ha prorrogado tres veces, permitirá en esta tercera fase, con varias condiciones, reanudar algunas actividades con un criterio de segmentación geográfica, es decir, en aquellos lugares de baja población donde hay pocos o ningún caso del virus, o está controlado.
Hasta ahora, el país ha registrado 4.003 personas con casos de COVID-19, de las que 197 fallecieron y más de 1.000 fueron ya dadas de alta. Una evolución con la que el Ejecutivo de Alberto Fernández se siente satisfecho al considerar que refleja una mayor contención de la pandemia que en otros países.
Segmentación geográfica
En esta nueva extensión de la cuarentena, los núcleos de más de 500.000 habitantes deberán continuar con un confinamiento social total, salvo, como ya es habitual, para realizar compras básicas o por trabajar en sectores esenciales.
Sin embargo, como excepción para todo el país, el presidente Fernández, al anunciar el viernes pasado la nueva extensión del confinamiento, desveló que desde hoy se permitirían “salidas de esparcimiento para toda la población”, de hasta una hora y en un radio de hasta 500 metros de su domicilio.
Si bien había que esperar a la publicación del decreto oficial que desgranara lo anunciado por el presidente, desde el primer momento se creó un fuerte debate social, con gran revuelo en las redes y en los medios de comunicación, acerca de cómo se desarrollarían en la práctica esos paseos, también permitidos para niños y niñas, acompañados por un mayor, y para los grupos de riesgo.
Polémica excepción
Este domingo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la capital argentina, los dos puntos con más casos de COVID-19, emitieron un comunicado junto con el de Córdoba y el de Santa Fe en el que se especificaba que diferenciarán, según las localidades y sus características, “la conveniencia de aplicar el régimen para las salidas de esparcimiento de una hora”.
Los cuatro distritos más poblados de Argentina (con todos sus gobernadores alineados políticamente a Fernández, salvo el de la capital, que es opositor) recalcaron que en los grandes aglomerados urbanos con circulación viral no se habilitarán las salidas de esparcimiento, aunque quedaron abiertos a que, de ser favorable la evolución de la tasa de contagios, se pueda permitir “con modalidades restringidas”.
“Para ciudades de nuestro tamaño, no es sencillo producir una coordinación de todos saliendo, basta mirar Madrid ayer, donde se despachó un montón de gente en la calle. Obviamente, Madrid tiene una diferencia: está varias semanas adelante nuestro con picos de pandemia ya producidos... nosotros estamos con crecimiento de los casos”, señaló el vicealcalde de Buenos Aires, Diego Santilli, a radio Mitre.
En medio del debate, el jefe de Estado reconoció esta mañana en declaraciones radiales su error por no haber aclarado el sábado que la decisión de permitir salidas recreativas sería regulada por los gobernadores de cada distrito (como se especificó posteriormente en el decreto) y negó conflictos con ellos, aunque se mostró en contra de “mantener un encierro eterno”, ya que también hay que “preservar la salud psicológica de la gente”.
Vuelos comerciales prohibidos hasta setiembre
Como parte de las restricciones para evitar la propagación de la enfermedad, este lunes también se oficializó que no se normalizará el tráfico aéreo comercial, tanto en trayectos nacionales como internacionales, hasta al menos el 1 de septiembre, fecha a partir de la cual las aerolíneas podrán volver a vender pasajes.
El transporte aéreo está paralizado en Argentina desde mediados de marzo y sólo se permiten trayectos sanitarios y los vuelos especiales autorizados por el Gobierno para llevar de vuelta al país a compatriotas o residentes en Argentina, varados en diversas zonas del mundo.
El pasado viernes se autorizó la llegada, esta semana, de otros 16 vuelos en los que arribarán 3.104 argentinos que solicitaron volver en medio de las restricciones de movimiento por la pandemia, y de esta forma según fuentes oficiales, ya habrán regresado en torno al 90 % que pidieron hacerlo.
Tensión económica y en las cárceles
Argentina cumple este mes dos años en recesión, con elevados niveles de inflación, desempleo, caída de la industria y altas tasas de pobreza, sin vistas a salir del pozo.
Al agravamiento de las expectativas por la crisis del coronavirus, en las últimas semanas la incertidumbre se ha ido reflejando en la crecida de la prima de riesgo, al tiempo que el Gobierno avanza en el proceso de negociaciones para la reestructuración de la alta deuda externa que arrastra el país.
Para paliar los efectos de la paralización económica por la cuarentena, el Estado argentino ya ha desembolsado unos 850.000 millones de pesos (12.800 millones de dólares), que equivalen a casi el 3 % del producto interior bruto.
La menor recaudación tributaria durante el confimiento y el mayor gasto están llevando al Estado a una mayor emisión de pesos argentinos, lo que presiona al valor de las diferentes cotizaciones del dólar en el país.
A la tensión económica, se suma la de las cárceles, tras registrarse varios motines con los que grupos de reclusos reclaman beneficios como las prisiones domiciliares para escapar del peligro de los contagios por COVID-19 en los penales.
En este contexto, el Ministerio de Salud presentó este lunes un “plan de salud en contexto de encierro”, que prevé diversas medidas para la atención sanitaria a reclusos y trabajadores de prisiones.
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