Con caudales de ríos en mínimos históricos y embalses secos, la sequía golpea a la zona central de Chile, donde las comunidades locales se vuelven más vulnerables a la pandemia del coronavirus.
Una legislación laxa y años de abundancia comprometieron los caudales de las cuencas del centro del país, hasta secar a la gran mayoría.
“Hoy son más de 400.000 familias, cerca de 1,5 millones de personas aproximadamente, cuyo suministro de 50 litros de agua al día depende de camiones cisternas”, dijo Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).
Dilma Castillo, que reside con sus hijos en uno de los cerros que rodean a El Melón, refleja el sentimiento en esta localidad de 22.000 habitantes cercana a Valparaíso cuyo río y su embalse están secos: “Vivir sin agua es terrible”.
“Lo peor es que no hay conciencia de nadie, incluso de la misma gente. Me angustia mucho, porque vivir en estas condiciones es humillante”, se lamenta.
En la región Metropolitana de Santiago y en Valparaíso las precipitaciones acumuladas el año pasado se ubicaron casi 80% por debajo del registro histórico, mientras que en la región de Coquimbo descendieron un 90%.
Camiones cisterna recorren a diario intrincados caminos para proveer agua a muchos hogares, cuyos habitantes la guardan en bidones. Algo que “en una situación de pandemia como hoy, pone de manifiesto una vez más que donde existe un modelo de apropiación privada del agua (...), esta condición no garantiza el derecho humano al agua de las personas y fragiliza aún más a las comunidades”, sentenció Mundaca.
La legislación chilena considera al agua un bien de uso público, pero le entrega casi la totalidad del derecho de explotación a privados.
En el vecino lago Peñuelas, a una hora del centro de Santiago, gran parte del lecho luce resquebrajado por el sol.
A orillas de lo que queda de agua, Tomás Ruiz relata: “Vengo a pescar desde hace unos 20 años. Las primeras veces que venía sacábamos bastante (...). Hoy día no se saca nada”.
Lucha por el agua
Matías Asun, director de Greenpeace-Chile, dijo esta semana que el gobierno de Sebastián Piñera tiene que “garantizar que no existan ciudadanos de segunda categoría que no dispongan de lo más básico para protegerse del COVID-19”.
“Un jabón en las manos no sirve de nada si es que no se tiene agua suficiente para lavarse”, indicó, en momentos en que Chile hay más de 3.700 infectados y 22 fallecidos por coronavirus.
La explotación del agua por parte de privados no generaba mayores problemas en un escenario de abundancia, como el que hubo hasta hace poco.
Pero la sequía generó la reacción de comunidades desabastecidas. Impulsados por la revuelta social que estalló en Chile en octubre, un centenar de habitantes de El Melón ocuparon ilegalmente uno de los pozos de agua gestionados por la minera Anglo American, una de las multinacionales que explotan el cobre en el país, el mayor productor a nivel global.
Acampando de forma intermitente alrededor del pozo, resistiendo y sucumbiendo a desalojos por parte de las autoridades, el movimiento busca que el agua del llamado Pozo Nueve se destine al abastecimiento de la zona y no a la actividad minera, señaló Fabián Villarroel, de 26 años, uno de los voceros de esta toma.
Anglo American afirmó en una comunicación que está comprometida con el bienestar de las poblaciones cercanas a sus yacimientos, y que colabora en buscar “soluciones que permitan a los habitantes de la zona contar con un suministro permanente de agua potable”.
Con derecho
Mundaca explicó que “el código de agua de 1981 separa la propiedad del agua del dominio de la tierra”. Hoy, “hay propietarios de tierra que no tienen agua y viceversa, dando origen al mercado de las aguas”, añadió.
En Chile, “el agua se compra, se vende o se arrienda”.
Para el director general de Aguas, Oscar Cristi, los derechos están entregados, pero el ejercicio de los derechos está en manos del Estado, que puede restringir la cantidad de agua que se consume de una cuenca.
Sin embargo, nunca lo ha demandado, y en caso de hacerlo debería pagar el precio de mercado.
Andrei Jouravlev, experto de la materia, exoficial de asuntos económicos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), plantea que “el problema es la forma en que se entregan estas autorizaciones, qué condiciones se imponen”.
En medio de las tensiones, los suelos quebrados le ganan metros al agua en territorio chileno, donde se libra en paralelo la lucha contra el coronavirus.
CON INFORMACIÓN DE AFP