Congreso boliviano aprueba convenio que normaliza vínculo con EEUU

El Congreso de Bolivia, controlado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó una ley que ratifica el convenio firmado a fines de 2011 con EEUU para normalizar sus relaciones bilaterales, tras la expulsión recíproca de embajadores hace unos años.

El Senado boliviano anunció hoy que la norma se aprobó a última hora del jueves, luego de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio en diciembre, y que se ha enviado al Ejecutivo para su promulgación. La Cámara Alta destacó que el convenio establece "condiciones claras de respeto a la soberanía de ambos países".

El senador Adolfo Mendoza, del oficialista Movimiento al Socialismo) (MAS), señaló que el tratado no es una "dádiva que da el imperio" a Bolivia, ni una concesión del país del altiplano ante "una política internacional de injerencia inaceptable", sino que es un llamado al diálogo.

El convenio marco fue firmado en noviembre último en Washington como primer paso para recomponer las relaciones y prevé el nombramiento de embajadores, pero no se ha fijado una fecha ni en aquel entonces ni en una reciente reunión bilateral en La Paz.

Como se recuerda, Morales expulsó en 2008 al embajador Philip Goldberg y a la agencia antidrogas estadounidense (DEA) tras acusarlos de conspirar en su contra. Washington rechazó la imputación y expulsó al representante boliviano en Estados Unidos, Gustavo Guzmán. Luego suspendió a Bolivia del programa de preferencias arancelarias andinas conocido como ATPDEA.

El subsecretario estadounidense adjunto en funciones para América Latina, Kevin Whitakler, y la ministra boliviana de Planificación, Viviana Caro, se reunieron esta semana en La Paz y ratificaron la intención de restablecer embajadores, aunque nuevamente sin precisar una fecha.

También firmaron un convenio por el que la agencia de cooperación internacional USAID otorga a Bolivia una ayuda en salud de US$22 millones para los próximos seis años, pese a que el mes pasado Morales acusó a dicha entidad de usar a organizaciones no gubernamentales para espiar en el país altiplánico.