Las reparaciones solo incluyen a afectados desde 1985. (AP)
Las reparaciones solo incluyen a afectados desde 1985. (AP)

El Estado colombiano pagará en los próximos 10 años un total de 54.9 billones de pesos (cerca de US$30,500 millones) como reparación administrativa a víctimas del conflicto armado interno, según un documento oficial conocido este martes.

"El resultado total de la cuantificación para población desplazada y víctima de otros hechos victimizantes asciende a los 54.9 billones de pesos de 2011 para el periodo 2012-2021", precisa un estudio del estatal Consejo de Política Económica y Social (), órgano que depende del Presidente de la República.

La cifra corresponde a cerca de la tercera parte del presupuesto anual de Colombia que este año fue fijado en 165.3 billones de pesos (unos US$91,000 millones).

La estimación del plan "involucra 830,000 hechos victimizantes, de los cuales 618,000 están asociados únicamente al delito de desplazamiento forzado, 134,000 casos de otros hechos victimizantes y 78,000 que fueron simultáneamente víctimas del desplazamiento forzado y otro hecho victimizante".

Y aclara que "no se debe confundir el número de hechos victimizantes con el número de víctimas, dado que los hechos victimizantes son las situaciones que causan graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (), y que pueden generar una o más víctimas".

Los 54.9 billones de pesos se destinarán a la reparación de las víctimas del conflicto que se inscribieron como tales entre el 22 de abril de 2008 y el 22 de abril de 2010.

Aunque el conflicto colombiano tiene ya más de 45 años, la ley 1448 de 2011 que ordena la reparación administrativa limitó la indemnización a las víctimas de hechos violentos ocurridos a partir de 1985.

La norma fue promulgada en 2011 por el presidente con acompañamiento del secretario general de la ONU, , y abarca a las víctimas de guerrillas izquierdistas, de grupos paramilitares de extrema derecha y de agentes del Estado.

La reparación "excluye a quienes sean víctimas pero aún no han sido registradas, así como a aquellos que sufran nuevos hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno", según el documento.