Colombia anunció hoy que mantendrá las embarcaciones de la Armada que defienden su soberanía en una extensa zona del Mar Caribe que pasó a manos de Nicaragua con un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mientras el gobierno de Juan Manuel Santos revisa el caso.
Pese a que la decisión del principal órgano judicial de las Naciones Unidas es de inmediato y obligatorio cumplimiento, Bogotá se está tomando su tiempo para evaluar si pide aclaraciones o una revisión del dictamen.
El presidente del Congreso colombiano adelantó el miércoles que no se aprobará una modificación de los límites hasta que no sean resueltos los recursos legales.
Previamente, el comandante de la Armada, almirante Roberto García Márquez, dijo que recibió instrucciones del Gobierno "en tres directrices y la primera es mantener la soberanía en toda la jurisdicción marítima colombiana, como históricamente se ha conocido, hasta tanto no se culminen los recursos que tiene".
"Hasta tanto no se me ordene lo siguiente permaneceremos en toda la jurisdicción marítima colombiana conocida desde hace 200 años por todos los colombianos", precisó el oficial a periodistas.
Aunque la Corte Internacional le ratificó a Colombia la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el fallo le costó una parte de su plataforma marítima con elevado potencial económico.
El tribunal modificó como frontera entre los dos países el meridiano 82, lo que amplió a Nicaragua su jurisdicción en el Caribe.
Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía.
Esa alternativa es contraria a la tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional y podría crear tensión en la región por el respaldo que recibiría Nicaragua de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, de acuerdo con analistas.