Solo 50 de las afectadas llevaron su caso a los tribunales. (USI)
Solo 50 de las afectadas llevaron su caso a los tribunales. (USI)

Redacción PERÚ21

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Como beneficiaria de un programa de planificación familiar para mujeres pobres del ) (), Paula Cubillos recibió con asombro la confirmación de su segundo embarazo.

Pero cuando quiso encontrar una explicación para su inesperada gravidez, esta colombiana de 32 años terminó encontrándose con una sorpresa más grande: algo similar también le había ocurrido a casi 100 mujeres que, como ella, estaban recibiendo anticonceptivos gratis.

"Yo me vine a enterar en agosto de 2008. Y lo primero que hice fue ir hasta el centro de salud a preguntarle a la jefe de enfermería que me atendía qué había pasado conmigo que había quedado embarazada", comentó Cubillos a BBC Mundo.

"Ahí es cuando ella me dice que está preocupada porque no soy la primera mujer que le dice eso, que son muchas las mujeres que están embarazadas", contó.

La insistencia de Cubillos llevaría a las autoridades a descubrir que en Arauca se estaban comercializando versiones falsas de Nofertyl, un anticonceptivo inyectable.

Y aunque uno de sus distribuidores paga ahora una condena de 39 meses de prisión por el caso y a otro la fiscalía le acaba de imputar cargos, cinco años más tarde las mujeres afectadas por los anticonceptivos falsificados aún esperan ser resarcidas por el Estado colombiano.

"Se está demandando a la entidad de salud que se llama Empresa Social del Estado (ESE) Jaime Alvarado y Castilla, porque esa fue la empresa que contrató y compró los productos y era la encargada de todo el plan de planificación (familiar)", indicó a BBC Mundo Hugo Quinteros, quien representa legalmente a las demandantes.

"Se pide una reparación integral a las afectadas: que el Estado sea solidario en el aspecto material con lo que implica la manutención, el desarrollo, la recreación, la salud, la alimentación de un menor, con los gastos que implica sacar adelante la vida y el desarrollo de un menor", explicó el abogado.

En la demanda, que hoy entra a la última etapa de su fase probatoria, no participan todas las afectadas, solo las cincuenta miembros de la Asociación de Madres Víctimas de la Falsificación de Medicamentos (ASMAVIFAMI) creada por Cubillos.