El último lunes 1 de octubre, la excongresista Aída Merlano Rebollero —condenada a 15 años de prisión por fraude electoral—, se fugó saltando desde una cuerda roja que ató a un mueble ubicado en un consultorio odontológico en Colombia.
La noticia tuvo eco mundial y el video se hizo viral por la espectacularidad de su fuga. La Fiscalía colombiana señaló que todo fue planeado por la hija de la excongresista, Aída Victoria Merlano Manzaneda y el médico odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas.
Jaime Duque, fiscal que realizó la investigación y la imputación de los cargos, indicó que tanto el médico y la hija tenían un rol “esencial y fundamental” en la fuga.
Según el fiscal, la hija de Merlano introdujeron la cuerda roja y los guantes que esta usó para escapar, y que el papel del odontólogo fue permitir y prestarse para que esto pasara.
La Fiscalía también presentó el testimonio de la reclusa Blanca Jazmín Becerra, quien afirmó que el último domingo, antes de su fuga, la excongresista no recibió las visitas habituales de sus amigas y que recientemente, un hombre la había visitado y le había llevado elementos “como si fuera a salir de la cárcel”.
Entre otras pruebas, la Fiscalía presentó un video en el que una mujer joven, quien sería hija de Merlano, presencia cuando su mamá ata la reata y la lanza por la ventana mientras que el odontólogo Cely recoge sus implementos cuando la exsenadora da los últimos toques a su fuga.
También se observa a Aída Merlano hija entregándole un celular a su madre poco antes de que ella se lanzara por la cuerda roja y desde el tercer al primer piso, donde la esperaba un hombre en una moto. Este sujeto sería la actual pareja sentimental de la exlegisladora.
“La medida de aseguramiento (cárcel) es urgente y necesaria. La fuga de Merlano causó una situación de alarma en la sociedad a raíz del nefasto descuido del INPEC (Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia). Su fuga fue planeada y premeditada, y es una burla a la justicia”, expresó el fiscal Duque.
En Colombia, se impone una pena de 24 a 90 meses de prisión por ser partícipes en calidad de cómplices en el delito de fuga de presos.