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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará el jueves por primera vez en su historia la pederastia clerical en América Latina, un problema que afecta a 19 países de la región aunque asociaciones de víctimas aseguran que los casos conocidos son sólo la punta del iceberg.
El objetivo es que el sistema interamericano se pronuncie sobre “la responsabilidad de los Estados americanos en el encubrimiento o en la falta de justicia frente a las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó Adalberto Méndez, coordinador legal de la organización para el Fin de los Abusos Clericales (ECA, por sus siglas en inglés).
”Esto no es un tema de fe”, subrayó Méndez en una entrevista con The Associated Press.
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“Es un tema terrenal, de gente que está cometiendo delitos” y de autoridades que de forma “generalizada y sistemática” violan sus compromisos de proteger a la infancia y dejan en la impunidad crímenes graves.
En 2014 la ONU cuestionó en dos ocasiones al Vaticano por no haber frenado oportunamente los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.
Seis años más tarde, los proponentes de esta audiencia en el seno de la Organización de Estados Americanos -a la que pertenece la CIDH- quieren ir más allá y presentar pruebas de cómo los países latinoamericanos incumplieron la convención americana al dejar sin protección a cientos de menores que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de instituciones religiosas en general.
Según un informe de fines de 2019 de la Red Internacional por los Derechos de los Niños (CRIN, por sus siglas en inglés), sólo cuatro países latinoamericanos suman más de un millar de denuncias en la región: México, con al menos 550; Chile, con unas 243, Colombia con 137 y Argentina con 129.
Ese documento además alertaba sobre países donde el problema continuaba “sin existir” de forma oficial y ponía de ejemplo a Brasil, aunque un informe interno del Vaticano de 2005 calculaba que uno de cada 10 sacerdotes brasileños se encontraba implicado en casos de abusos, es decir, alrededor de 1.700 religiosos.
AP
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