Decenas de personas se reunieron en la céntrica plaza Italia de Santiago para apoyar la protesta del machi, (líder espiritual) mapuche Celestino Córdova, condenado por asesinato, aunque fueron rápidamente detenidas por un amplio contingente policial y militar desplegado en la zona.
El Gobierno chileno, que ha mantenido negociaciones en los últimos días con líderes comuneros, rechaza que los condenados sean “presos políticos” y asegura que hará “todo lo posible para preservar y proteger la vida” de los detenidos en huelga de hambre.
El presidente del país, Sebastián Piñera, presentó por su parte este jueves un proyecto de ley que endurece las penas en la quema de camiones y que considera la cadena de perpetua en el caso de que haya víctimas mortales.
Celestino Córdova responsabilizó este viernes al Gobierno de Chile de su potencial muerte a horas de comenzar una huelga seca tras más de 100 días en una de hambre y después de que la Justicia rechazara su solicitud de cambio de condena.
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La ONU finalizó su misión
En ese escenario, la oficina regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidos finalizó este viernes una visita técnica en terreno de cuatro días.
El organismo obtuvo información sobre desalojos forzados de municipalidades (alcaldías) ocurridos a principios de agosto, con énfasis en denuncias de uso excesivo o innecesario de la fuerza y de discriminación racial, según apuntó en un comunicado.
“Nuestra oficina continuará trabajando para apoyar a todos los actores en la búsqueda de soluciones, fomentando un diálogo participativo y de buena fe. Las normas internacionales de derechos humanos ofrecen una hoja de ruta para avanzar hacia ese entendimiento profundo y urgente”, agregaron desde la ONU.
Según cifras del último censo, los mapuche son el pueblo originario más numeroso en Chile y representan cerca del 10 % de la población.
Entre las reivindicaciones históricas de los mapuche se encuentran una mayor representación en el Parlamento y la creación de un Ministerio Indígena, así como la recuperación de tierras ancestrales y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
El conflicto mapuche ha provocado la muerte violenta de varios comuneros -el último y el más conocido el del joven Camilo Catrillanca-, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, con decenas de mapuche condenados bajo la ley antiterrorista.
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