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El Consejo para la Transparencia pidió a la Cancillería chilena acoger una petición de una estudiante argentina para conocer los nombres y los honorarios del equipo jurídico que defiende a Chile en la Corte de La Haya en su litigio marítimo con Perú, informó la institución.
A través de una extensa resolución, el organismo público —que vela por el cumplimiento de una Ley de Acceso a la Información de 2008— denegó una apelación de la Cancillería, que quería mantener en reserva la información, y pidió entregar los datos requeridos en un plazo no superior a 10 días.
El caso data de noviembre de 2011, cuando la estudiante de Comunicaciones argentina Romina Colmán pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno los nombres y el detalle de los honorarios cobrados por los abogados que defienden a Chile en la Corte de La Haya en la demanda que presentó Perú por los límites marítimos, entre enero de 2010 y octubre de 2011.
Al realizar su petición, la universitaria se amparó en la Ley de Acceso a la Información, que obliga a los organismos públicos a responder a todos los requerimientos de información salvo que atenten contra la seguridad pública.
La Cancillería, no obstante, denegó la petición, "por formar parte de un proceso judicial en curso y afectar el interés nacional".
La estudiante recurrió entonces a un amparo, iniciándose un extenso proceso en que ambas partes presentaron sus descargos, al final del cual el Consejo falló en favor de Colmán, pues consideró que se trata de "información de contexto" y no de documentos que respaldan la posición chilena en este litigio, lo que sí quedó protegido.
En declaraciones al diario El Mercurio, la estudiante, que cursa último año de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, se declaró una "apasionada por el derecho a la información" y explicó que hizo el requerimiento para una tesis que prepara sobre el tema.
Del 3 al 14 de diciembre de 2012, el diferendo entra en su etapa de argumentos orales.
