La Fiscalía chilena informó este lunes que dejó sin efecto un polémico acuerdo de cooperación suscrito la semana pasada con la Conferencia Episcopal para investigaciones de abusos sexuales tras ser fuertemente criticado por agrupaciones de víctimas.
El convenio obligaba a los religiosos a denunciar en menos de 24 horas una vez conocido el delito, pero comprometía a la Fiscalía a mantener en "estricta reserva" la identidad de la presunta víctima y a evitar que terceras personas tuvieran conocimiento de allanamientos ordenados contra instituciones religiosas.
En un comunicado, el Ministerio Público afirmó este lunes que decidió dejar sin efecto el convenio "tras recibir y escuchar a diversas agrupaciones de víctimas" de abusos sexuales por parte de religiosos.
En el texto, la Fiscalía explica que "el objetivo del convenio era generar un canal de acceso a la justicia para aquellas víctimas que denuncian en el seno de la Iglesia, ampliando el estándar legal establecido y asegurando la confidencialidad de las víctimas en el caso de que ellas lo requirieran".
El acuerdo fue defendido el viernes por los obispos chilenos, quienes en una declaración afirmaron que surgía "desde la preocupación por alcanzar verdad y justicia para las víctimas".
Pero, para la Red de Sobrevivientes y la Fundación para la Confianza, el convenio constituía un "lavado de imagen para los obispos chilenos", muchos de ellos bajo investigación judicial como encubridores o partícipes de delitos.
Ambas organizaciones también reclamaron por el supuesto trato especial que recibirían "criminales de la Iglesia Católica".
Por otro lado, Juan Carlos Cruz, víctima del cura Fernando Karadima, atribuyó al fiscal nacional haber "traicionado la esperanza de víctimas".
"No voy a parar hasta que renuncie para que alguien se preocupe de víctimas y no las venda", dijo Cruz.
Juan Andrés Murillo, también víctima de Karadima y presidente de la Fundación para la Confianza, demandó directamente la anulación del convenio que, a su juicio, "viene a decirle a la sociedad y en especial a las víctimas que los poderes se coluden y las dejan en la total desprotección".
El acuerdo se había firmado en medio de las 166 investigaciones abiertas sobre denuncias de abusos sexuales de religiosos que mantiene la Fiscalía Nacional, cometidos contra 248 víctimas.
Fuente: AFP y EFE