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DEBERÁ SER REVISADA POR LA CÁMARA DE LOS LORES

Cámara Baja del Parlamento británico aprueba ley de muerte asistida

Mayores de 18 años y con enfermedades terminales podrán recurrir a la letal medida.

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Personas mayores de 18 años y con enfermedades terminales podrán recurrir a la medida.
Fecha Actualización

La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó este viernes la propuesta de ley que busca legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales. La norma contó con el apoyo de 330 parlamentarios, mientras que 275 se manifestaron en contra.

La norma deberá seguir el proceso parlamentario y será debatida por la Cámara de los Lores, lo cual demorará meses.

A pesar de que la iniciativa fue propuesta por la laborista Kim Leadbeater, los partidos otorgaron libertad a los parlamentarios para que voten de acuerdo a su conciencia.

El primer ministro, Keir Starmer, había mantenido una posición neutral frente al tema. No obstante, los resultados de la votación mostraron que el jefe de gobierno votó a favor.

La norma es denominada 'Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales'. En ese sentido, en caso de que sea aprobada definitivamente, podrán recurrir a la muerte asistida los mayores de 18 años que tengan enfermedad terminal.

Previamente se intentó aprobar normas similares, pero sin éxito. Esta vez, la norma establece mayores requisitos a los interesados y tipifica como delito, con penas de hasta 14 años, a quien presione, coarte o engañe a alguien para que se quite la vida o declare que quiere suicidarse.

Quienes deseen recurrir a esta opción deben ser residentes de Inglaterra o Gales y llevar al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera. Asimismo, deberá tener una expectativa de vida menor a 6 meses y estar en capacidad de tomar la decisión y manifestar su deseo "claro, firme, informado y libre de coerción o presión".

Los pacientes deberán hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas. Además, establece que deberán someterse a una evaluación de dos médicos y tener una orden judicial.

El documento establece que si bien el médico podrá preparar el compuesto letal, tendrá que ser la persona quien lo tome y nadie más podrá administrarlo.

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