Michel Temer, presidente de Brasil (AP).
Michel Temer, presidente de Brasil (AP).

El presidente de , , rechazó hoy responder al interrogatorio que la Policía Federal le mandó por escrito esta semana sobre asuntos de corrupción que vienen haciendo y pidió el archivo de la investigación que la Corte Suprema abrió en su contra.

Los abogados de comunicaron en un documento dirigido al magistrado del Supremo Luiz Edson Fachin, la negativa de Temer a responder a las más de ochenta preguntas que realizó la Policía.

"Todas las consideraciones anteriores muestran las razones que llevaron al Sr. Presidente (Michel Temer) a no responder al cuestionario hecho", recoge el texto de la defensa, reproducido por el diario 'O Estado de Sao Paulo' en su versión digital.

Cabe señalar que el presidente brasileño recibió el lunes el interrogatorio, que incluía más de 80 presuntas y fijaba un plazo máximo para responder de 24 horas que luego fue ampliado hasta hoy el viernes.

Los abogados del mandatario consideran que hay preguntas "verdaderamente invasivas y por tanto inoportunas, que buscan simplemente entrar en la vida personal del presidente (Temer) chocando con su intimidad y sin ninguna conexión con las investigaciones".

Asimismo, la defensa agregó que muchas de las preguntas hacen referencia a "hechos extraños a las funciones presidenciales; otras se refieren a periodos fuera de su mandato y algunas a la relación entre terceras personas".

En su opinión, el cuestionario no busca "la verdad" sino que intenta "revelar meras circunstancias de delitos que ya estarían probados". Por lo tanto, la defensa de Temer concluyó su escrito solicitando a Fachin "promover el archivo de la presente investigación, como expresión del ideal de la Justicia".

Contenido del cuestionario

Las preguntas de la Policía se basaron en los testimonios prestados por varios ejecutivos del grupo JBS ante la Justicia en el marco de un acuerdo de colaboración.

En sus declaraciones, los propietarios del grupo JBS dijeron que entregaban coimas a Temer desde 2010 y aportaron una explosiva grabación en la que el mandatario escucha en silencio el relato de posibles delitos.

Las grabaciones llevaron a la Corte Suprema a abrir una investigación en contra del presidente por su presunta participación en posibles delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.

En paralelo, afronta estos días un juicio en el tribunal electoral que puede anular su mandato si se demuestra que la campaña de 2014, a la que acudió como candidato a vicepresidente y fue compañero de la expresidenta Dilma Rousseff, fue financiada ilegalmente.

La crisis política e institucional derivada de estos dos frentes judiciales ha amenazado la continuidad de su Gobierno y ha paralizado el trámite en el Congreso de importantes reformas económicas.

La oposición y hasta algunos legisladores de su base oficial han pedido su inmediata renuncia, hechos que se suman al abandono de varios partidos aliados.

Sin embargo, , en el poder desde mayo pasado tras la destitución de , ha insistido en repetidas ocasiones en que terminará su mandato, que expira el 1 de enero de 2019.

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