La Alcaldía de la ciudad brasileña de Río de Janeiro reglamentó este lunes los procedimientos que permitirán a las autoridades internar en clínicas de recuperación a dependientes químicos que vivan en la calle aunque no lo pidan ni lo deseen.
El decreto del alcalde de Río de Janeiro, el pastor evangélico Marcelo Crivella, fue publicado este lunes en el Diario Oficial del Municipio y convierte a la ciudad más emblemática de Brasil en una de las primeras del país en reglamentar una ley que fue sancionada en junio pasado por el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
El decreto fue publicado tan solo ocho días después de que un drogadicto que vivía en la calle asesinara a puñaladas a dos personas y dejara heridas a otras cinco que paseaban por la laguna Rodrigo de Freitas, uno de los principales lugares de diversión de los cariocas.
La norma detalla las medidas de atención a usuarios de drogas y dependientes químicos que viven en las calles y, en casos extremos, prevé su internación a la fuerza.
Según el decreto, la llamada internación involuntaria en un centro de salud u hospital público para tratamiento por un período máximo de 90 días podrá ser ordenada por un médico especialista de la Secretaría de Salud en caso de que considere que no hay alternativa terapéutica.
Pero la internación también podrá ser realizada por las autoridades contra la voluntad del dependiente en caso de que su familia o su responsable legal así lo autorice.
Pese a que la Alcaldía carece de estadísticas sobre el número de personas que duermen en las calles de Río de Janeiro, la Defensoría Pública del Municipio calcula que son cerca de 15.000, ya que los 63 abrigos públicos tan solo tienen capacidad para 2.300 personas.
Ni la municipalidad ni la Defensoría tienen datos sobre el porcentaje de usuarios de drogas entre las personas que duermen en la calle.
La polémica medida fue reglamentada por Río de Janeiro luego de que Bolsonaro sancionara el 6 de junio pasado una ley aprobada por el Congreso y que prevé la internación involuntaria de dependientes sin necesidad de orden judicial.
La ley, que pasó por dos votaciones en Cámara de Diputados y Senado, fue una iniciativa del entonces diputado Osmar Terra, actualmente ministro de Ciudadanía de Bolsonaro.
Algunas ciudades, entre las cuales está Sao Paulo, la mayor del país, ya habían intentado medidas similares pero tuvieron que desmontar sus proyectos debido a que no existía una ley nacional que permitiera hospitalizar a la fuerza a dependientes químicos.
Según una encuesta realizada por la firma Datafolha un mes después de la sanción de la ley, pese a la polémica generada por la medida y a la oposición de algunos organismos de salud y especialistas, ocho de cada diez brasileños (83 %) aprueba la internación involuntaria de dependientes químicos.
La misma encuesta reveló que el 27 % de los brasileños admite tener un pariente cercano con problemas por el consumo de drogas.
Fuente: EFE